Ley de Tierras: por qué el proyecto que impulsa Milei genera rechazo y qué implica para el ambiente

La discusión sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que retrotrae puntos de la Ley de Tierras, se convirtió en uno de los debates más sensibles del año en Argentina. Aunque su nombre remite a la protección de un derecho consagrado por la Constitución, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo modifica una serie de leyes vinculadas a la propiedad rural, las expropiaciones, los desalojos, el manejo del fuego y la compra de tierras por parte de extranjeros.

Para el Gobierno, la iniciativa busca eliminar trabas que desalientan las inversiones y fortalecer la seguridad jurídica. Para sus detractores, en cambio, representa una profunda desregulación que podría afectar el acceso a la tierra, la protección de recursos naturales estratégicos y el equilibrio ambiental.

El tratamiento del proyecto estaba previsto para julio, pero el Senado postergó la votación hasta el 6 de agosto debido a la falta de consenso entre el oficialismo y sectores dialoguistas, que impulsaron modificaciones al texto original.

¿Qué es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada?

El proyecto fue impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y forma parte del paquete de reformas promovidas por el Gobierno nacional.

Según los fundamentos oficiales, el objetivo es "eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y promover la seguridad jurídica".

Sin embargo, el alcance de la iniciativa va mucho más allá de las expropiaciones. El proyecto modifica normas que regulan quién puede comprar tierras rurales, cómo se realizan los desalojos y qué ocurre con los terrenos afectados por incendios.

Uno de los puntos centrales es la reforma de la Ley de Tierras Rurales. La legislación vigente, sancionada en 2011, no prohíbe la compra de tierras por parte de extranjeros, pero establece límites. Actualmente, las personas o empresas extranjeras no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales del país, y también existen restricciones sobre la cantidad de hectáreas que puede adquirir un mismo titular y sobre la compra de tierras con cuerpos de agua permanentes.

El proyecto elimina varios de esos límites y otorga un rol más importante a las provincias para autorizar o restringir estas operaciones. Quienes apoyan la reforma sostienen que facilitará inversiones productivas. Sus críticos consideran que puede acelerar la concentración de tierras y reducir el control sobre recursos estratégicos como el agua, los minerales y los suelos fértiles.

Entre las voces a favor de esta modificación, la senadora Patricia Bullrich es una de las impulsoras. En diálogo con la prensa local aseguró que "la compra de tierras no puede tener limitaciones (...) no está dentro del sentido de lo que la Argentina plantea como concepto de propiedad". En el mismo sentido lo hizo el vocero presidencial Adrián Ravier: "la propiedad es una extensión de la libertad individual".

Sin embargo, quienes se oponen a la modificación en la legislación aseguran que los recursos propios de un país y la soberanía territorial deberían encontrarse por encima de un negocio inmobiliario. Desde muchos ámbitos distintos se pronunciaron en contra. El diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño pidió: "No permitamos que avancen con la entrega". Similar fue el mensaje del Obispo Juan Ignacio Liébana, en representación de la Conferencia Episcopal: "Abriría la puerta a una mayor concentración y extranjerización de tierras estratégicas". Incluso se le atribuye el descontento a la vicepresidenta libertaria Victoria Villarruel.

¿Qué pasa con la Ley de Manejo del Fuego?

Uno de los capítulos que más cuestionamientos recibió es el referido a la Ley de Manejo del Fuego. La norma vigente impide modificar el uso de los terrenos incendiados durante largos períodos para evitar maniobras especulativas, como provocar incendios para luego urbanizar o desarrollar emprendimientos productivos.

El texto original enviado por el Gobierno eliminaba gran parte de esas restricciones. Sin embargo, durante el debate en el Senado se introdujeron modificaciones en las que se mantuvo la protección para los bosques nativos, aunque se flexibilizaron algunas limitaciones sobre otras áreas rurales.

Desde el oficialismo, el principal impulsor de la iniciativa es Federico Sturzenegger.

Durante el tratamiento en comisiones, el ministro sostuvo que una protección sólida del derecho de propiedad resulta indispensable para atraer inversiones, generar crecimiento económico y consolidar la seguridad jurídica. También defendió la necesidad de reducir regulaciones que, a su juicio, desalientan el desarrollo productivo.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, encabezó las negociaciones para incorporar cambios al proyecto con el objetivo de reunir los votos necesarios para su aprobación.

Las críticas: ambiente, soberanía y concentración de la tierra

Del otro lado, el proyecto despertó un fuerte rechazo de organizaciones ambientales, campesinas, indígenas, académicas y de derechos humanos.

Colectivos como la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, junto con organizaciones como LatFem, sostienen que la iniciativa facilita la concentración de la propiedad rural y favorece la adquisición de tierras por parte de grandes capitales, incluidos inversores extranjeros.

También advierten que eliminar restricciones sobre tierras con acceso a lagos, ríos o nacientes podría afectar recursos considerados estratégicos para el país.

Según datos citados por estas organizaciones, 49 departamentos argentinos ya superan el límite del 15% de tierras en manos extranjeras previsto por la legislación vigente, mientras que alrededor de 15,8 millones de hectáreas pertenecen actualmente a propietarios extranjeros. Estas cifras son utilizadas por quienes rechazan el proyecto para sostener que el problema no es impedir inversiones, sino evitar una mayor concentración territorial.

Para quienes rechazan la iniciativa, la tierra no puede analizarse únicamente como un activo económico. Argumentan que también constituye un recurso estratégico vinculado a la producción de alimentos, la conservación de ecosistemas, el acceso al agua, la biodiversidad y la soberanía territorial.

Con posiciones enfrentadas y negociaciones todavía abiertas, el Senado volverá a debatir la iniciativa el 6 de agosto. Afuera, en las calles, se esperan masivas concentraciones de personas que se movilizarán para protestar en contra de esta ley que pone en jaque la soberanía del territorio. El resultado definirá el rumbo de un debate que cruza economía, ambiente, desarrollo y el papel que debe asumir el Estado en la gestión de recursos considerados clave para el país.