En el tramo costero entre Tanaguarena y Naiguatá, estado La Guaira, camiones descargan escombros de los edificios que colapsaron tras el doble terremoto del 24 de junio. Un video que circuló en redes muestra una unidad de PDVSA arrojando material directamente sobre la orilla. La escena reabrió una discusión que hasta ahora había quedado en segundo plano frente a la emergencia humanitaria, qué se hace con las toneladas de concreto, metal y otros materiales que dejó la destrucción, y qué pasa cuando esa respuesta se resuelve tirándolos al mar.

La naturalista Karen Brewer-Carías fue una de las primeras en advertir sobre el riesgo. El concreto triturado contiene aditivos que modifican el pH del agua de mar y la vuelven más alcalina. A eso se suman metales pesados, pinturas y solventes presentes en los escombros de cualquier edificación urbana, que pasan a integrarse a la columna de agua sin ningún tipo de filtro.

Hay un segundo problema, menos visible pero más duradero. Las micropartículas de asbesto, presentes en buena parte de la construcción venezolana de las últimas décadas, se desintegran con el oleaje y entran en la cadena alimentaria a través de peces y crustáceos que después se consumen. "Estamos poniendo en riesgo el futuro de nuestro país", afirmó Brewer-Carías en declaraciones al diario El Nacional, y agregó que gran parte de la economía del litoral central depende de sus costas.

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El ingeniero ambiental Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello y vicepresidente de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, planteó en una entrevista con una radio venezolana que la gestión de escombros de un desastre de esta magnitud no puede resolverse solo despejando vías. Según explicó, cada edificio genera residuos distintos según su uso y sus materiales, y antes de decidir dónde va ese material hace falta una etapa de clasificación. "Hay que saber qué hay allí", señaló.

Esa fase de clasificación es justamente la que se salta cuando el destino final es la orilla del mar. Y no es un detalle menor, porque buena parte de lo que hoy se descarta podría reincorporarse a la propia reconstrucción. El concreto se puede triturar y reutilizar como agregado, el metal se recicla, la madera puede procesarse. Verterlo todo junto en la costa no solo daña el ecosistema, también desperdicia el material que la reconstrucción va a necesitar en los próximos meses.

Al problema ambiental se suma uno normativo. Venezuela no cuenta con un protocolo específico para el manejo de escombros derivados de un desastre natural de esta escala, aunque sí existe un decreto que regula la disposición de desechos sólidos en términos generales. Esa norma exige, entre otras cosas, que los sitios de acopio se ubiquen a una distancia mínima de 400 metros de sistemas de agua potable y 500 metros de pozos profundos, y fuera de áreas protegidas o ecosistemas sensibles. El vacío no está en la letra de la ley, está en que nadie diseñó ese marco pensando en un terremoto que derrumbó cerca de 200 edificios en simultáneo.

La alteración física de la costa es otro frente. El vertido de grandes volúmenes de material modifica el relieve submarino y puede desviar corrientes costeras, lo que a mediano plazo favorece procesos de erosión en playas cercanas. Las partículas suspendidas en el agua además reducen el paso de luz solar hacia los arrecifes de coral de la zona, que funcionan como criadero de buena parte de las especies de peces del litoral central.

Ninguno de los especialistas consultados plantea que exista una alternativa simple o inmediata. La emergencia sigue en curso y la prioridad seguirá siendo el rescate y la remoción rápida de estructuras. La Guaira todavía cuenta a sus muertos. Y mientras lo hace, ya se están tomando decisiones que van a marcar el estado de su costa por años. La forma en que se gestione esta etapa importa tanto como la urgencia que la motiva.