Hay una frase que Aurora Gómez, activista del colectivo español Tu Nube Seca Mi Río, repite como punto de partida en sus charlas: "La nube no flota. Pisa, ocupa suelo y bebe agua". Es también la idea central de una resistencia que, en distintos puntos del mundo, está empezando a poner límites reales a una industria que hasta hace poco parecía intocable.

Mientras América Latina abre los brazos a los data centers con marcos regulatorios débiles y promesas de inversión, otras regiones ya atravesaron ese ciclo y tomaron decisiones. Sus experiencias ofrecen algo que la región todavía no tiene: tiempo para aprender antes de que sea demasiado tarde.

Irlanda: cuando el regulador dice basta

Durante cuatro años, Irlanda aplicó lo que equivalió a una moratoria de facto sobre nuevas conexiones de data centers a la red eléctrica en Dublín. La decisión, tomada en 2021 por la Comisión de Regulación de Servicios Públicos, respondía a una crisis real: los centros ya representaban el 22% del consumo eléctrico nacional —la proporción más alta de Europa— con el 97% de las instalaciones concentradas en el área capitalina.

El costo lo pagaron los hogares. Para aliviar la congestión, el gobierno comisionó generadores de gas de emergencia a un costo de mil millones de euros, una carga que se trasladó directamente a las familias: en 2024 pagaron en promedio unos 100 euros adicionales en sus facturas. Gran parte de esa nueva capacidad de red no fue a electrificar hogares, trenes ni bombas de calor: fue absorbida por los desarrolladores de data centers.

En diciembre de 2025, la moratoria se levantó, pero con condiciones. Cualquier centro que busque conectarse deberá instalar sistemas de generación o almacenamiento capaces de cubrir toda su demanda, y al menos el 80% de esa demanda anual tendrá que venir de energías renovables generadas dentro del país. El grupo irlandés Not Here Not Anywhere fue uno de los actores que presionó hasta que el regulador tuvo que responder.

El caso irlandés revela algo más profundo que una disputa energética: un país que se convirtió en hub tecnológico de Europa a fuerza de beneficios fiscales terminó atrapado en una dependencia que le costó soberanía sobre su propia red. La presión ciudadana y regulatoria combinadas obligaron a rediseñar las reglas desde adentro.

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Estados Unidos: la resistencia se vuelve bipartidista

En EE.UU., la oposición a los data centers dejó de ser un fenómeno marginal. Según datos de Data Center Watch, al menos 188 grupos organizados operan en 40 estados, y comunidades en al menos 14 han aplicado pausas sobre nuevos desarrollos. Los proyectos cancelados pasaron de dos en 2023 a 25 en 2025, con 21 de esas cancelaciones concentradas en el segundo semestre del año.

Los argumentos son concretos: el consumo de agua aparece en más del 40% de los proyectos en disputa, seguido por el aumento en las tarifas eléctricas y la contaminación sonora. En San Marcos, Texas, el concejo municipal pausó una propuesta de 1.500 millones de dólares cuando vecinos advirtieron que la demanda energética comprometería una zona ya vulnerable a cortes. En el condado de Prince George's, Maryland, una petición de más de veinte mil firmas impulsó una pausa de 180 días sobre nuevas propuestas.

Lo más llamativo no es la escala sino la transversalidad política: entre los funcionarios que se opusieron a proyectos, el 55% son republicanos y el 45% demócratas. La preocupación por las tarifas y el agua no entiende de ideología. El momentum llegó al Congreso: el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez presentaron proyectos de ley para detener nuevas construcciones hasta que exista una regulación federal integral sobre inteligencia artificial.

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España: cuando el nombre lo dice todo

En España, la resistencia tiene nombre propio. Tu Nube Seca Mi Río nació en Castilla-La Mancha cuando Meta anunció un data center en Talavera de la Reina, una región históricamente seca donde el cambio climático está acelerando la desertificación. Su fundadora, Aurora Gómez, fue citada por Naomi Klein en The Guardian y cubierta por medios internacionales. Pero más allá de la visibilidad, el trabajo del colectivo es de incidencia concreta.

En enero de 2025 presentaron alegaciones contra las ampliaciones de cinco centros de Amazon en cuatro municipios aragoneses, junto con Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y la Red Aragonesa por el Agua Pública, entre otras organizaciones. Fue la acción más coordinada contra data centers en la historia de España. El foco en Aragón no es casual: es la región con mayor concentración de infraestructura de hiperescala del país, y las ampliaciones proyectadas de Amazon podrían alcanzar la mitad de la demanda eléctrica de toda la comunidad autónoma.

El colectivo trabaja en red con grupos de otros países. En Países Bajos, Save the Wieringermeer frenó a Microsoft de instalar granjas de servidores en zonas agrícolas. En Francia, La Quadrature du Net opera en Marsella contra la ocupación de edificios urbanos por data centers, argumentando que la energía debería ir a transporte público e infraestructura verde. El argumento central que comparten es estratégico: hay una ventana de oportunidad que se cierra. Una vez que los centros están instalados, el poder de negociación comunitario desaparece.

¿Qué puede hacer América Latina?

La región está en el momento que estos movimientos describen como decisivo: antes de que sea tarde. Solo el 5% de los data centers del mundo están en América Latina, pero la carrera ya está en marcha en al menos siete países, con legislaciones que en la mayoría de los casos solo ofrecen beneficios fiscales sin exigir contrapartidas ambientales reales.

Los antecedentes regionales ya existen. En Chile, una disputa por el consumo de agua de un segundo data center de Google en Santiago llegó a los tribunales: los jueces revocaron la licencia y la empresa se comprometió a refrigeración sin agua. En México, residentes de Querétaro denunciaron que la inversión millonaria de Microsoft no llegó a la población, mientras la demanda energética empujó al alza el costo de la electricidad local. En Uruguay, la comunidad rural de Canelones enfrentó tensiones por competencia de recursos durante la sequía, hasta que Google reformuló su diseño para eliminar el consumo hídrico directo.

Las lecciones que dejan Irlanda, Ohio o Aragón se parecen más a un manual que a una excepción: organización local temprana, acceso a información real sobre consumo de agua y energía, incidencia en los procesos de aprobación ambiental antes del primer ladrillo, y coaliciones amplias que superen las fronteras ideológicas. Lo que une a una township de Ohio con un pueblo aragonés o una comunidad de Querétaro es la misma pregunta: ¿quién decide cómo se usan el agua y la energía de un territorio? Cada vez más comunidades en el mundo están aprendiendo que esa pregunta tiene que hacerse —y responderse— antes de que lleguen las excavadoras.

Esta es la tercera nota de una serie sobre el impacto ambiental, social y económico de los data centers que sostienen la inteligencia artificial. Podés leer la primera entrega aquí y la segunda aquí.