Casi veinte años después de las primeras movilizaciones en Gualeguaychú, un documento técnico elaborado por el organismo binacional que supervisa el río Uruguay volvió a poner en el centro del debate a la planta de celulosa que dividió a Argentina y Uruguay durante años. El informe del Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) correspondiente a 2023 registró señales de toxicidad en los efluentes de Botnia, la pastera finlandesa instalada en Fray Bentos que desde 2010 opera bajo el nombre del grupo UPM, durante noviembre y diciembre de ese año.

El hallazgo no es menor: proviene del propio mecanismo de control binacional que Argentina y Uruguay crearon como resultado del acuerdo que puso fin formalmente, ese mismo año, al litigio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Qué encontró el monitoreo

El Comité Científico de la CARU analizó durante 2023 los vertidos de la planta Orión, el nombre técnico de la instalación que Botnia construyó en Fray Bentos sobre la margen oriental del río, frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Se realizaron 12 inspecciones y muestreos, con participación de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) de Uruguay, y se relevaron 117 parámetros ambientales: 55 regulados por la normativa vigente y otros 62 que todavía no forman parte de los estándares reglamentarios.

Para evaluar el impacto biológico real de los vertidos, los técnicos recurrieron a dos herramientas usadas internacionalmente en ecotoxicología: ensayos sobre Daphnia magna, un pequeño crustáceo de agua dulce extremadamente sensible a contaminantes que funciona como indicador de toxicidad, y el sistema Microtox. En cuanto a los parámetros regulados, los valores de carga se mantuvieron por debajo de los máximos mensuales permitidos, con una excepción: el parámetro fósforo en una medición realizada el 11 de abril de 2023.

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Una disputa dentro del propio comité

Los ensayos sobre Daphnia magna de noviembre y diciembre de 2023 son el punto más sensible del informe. Tres integrantes del Comité Científico de la CARU, con filiación en la Universidad de la República de Uruguay, concluyeron que los análisis demuestran que el efluente de la planta produjo toxicidad sobre ese organismo, una señal de alerta sobre los posibles impactos biológicos de los vertidos. Un cuarto integrante, Eugenio Lorenzo, sostuvo una lectura distinta: que los resultados no permiten afirmar la existencia de incumplimientos normativos en los parámetros de calidad del efluente.

Esa diferencia de interpretación es, en sí misma, reveladora. El debate ya no es si hay o no señales de alerta, sino qué umbrales debería usar la normativa para evaluarlas. Los 62 parámetros relevados que aún no están regulados quedan por el momento fuera de toda discusión formal sobre incumplimientos, sin importar lo que muestren los datos.

El conflicto que nunca terminó

La historia de Botnia y el río Uruguay es uno de los conflictos ambientales más prolongados del Cono Sur. La empresa finlandesa Metsä-Botnia inició la construcción de la planta en Fray Bentos en 2003 y la puso en funcionamiento en noviembre de 2007, sin la consulta previa que exigía el Estatuto del Río Uruguay, el tratado binacional que rige el uso del curso de agua compartido. Las comunidades ribereñas argentinas denunciaron el riesgo de contaminación para el ecosistema fluvial, el turismo y la pesca. Durante años, vecinos de Gualeguaychú cortaron el puente internacional General San Martín, una de las conexiones viales más importantes entre ambos países, en una de las protestas ambientales más sostenidas de la región.

El caso llegó a La Haya, donde la Corte Internacional de Justicia determinó en 2010 que Uruguay había violado el procedimiento de consulta, pero no ordenó el cierre de la planta porque consideró que no se había probado una contaminación significativa. Como resultado de esa negociación se creó el mecanismo de monitoreo conjunto que hoy gestiona la CARU, cuyo primer ciclo de diez años, correspondiente al período 2011-2021, fue publicado con considerable retraso.

Los datos acumulados en esos años añaden una capa de complejidad al debate: mientras los efluentes de la planta registraron 12 incumplimientos normativos en una década, en la desembocadura del río Gualeguaychú se detectaron 505 apartamientos de los estándares correspondientes a 14 parámetros de calidad del agua. Un número que pone sobre la mesa la degradación ambiental de ambas márgenes.

Por qué importa ahora

La publicación del informe de 2023 llega en un contexto en que la industria de la celulosa se consolidó como el principal rubro exportador de Uruguay. La planta de Fray Bentos, que desde 2010 opera bajo el nombre UPM, tiene capacidad para producir 1,3 millones de toneladas anuales. En 2023 comenzó a funcionar una segunda planta del mismo grupo en Paso de los Toros, con una capacidad de 2,1 millones de toneladas por año. La escala de la actividad hace que los mecanismos de control binacional tengan una importancia que trasciende con creces la disputa histórica.

El informe no clausura el debate: lo reabre con nuevas preguntas. Si los ensayos de toxicidad detectan efectos biológicos reales sobre organismos indicadores, pero los parámetros normativos no los cubren, el problema no es solo científico. Es también de diseño regulatorio. Y esa brecha entre lo que la ciencia puede detectar y lo que la normativa exige es, precisamente, la que las comunidades ribereñas llevan dos décadas señalando.