Durante años, el abuso sexual de animales en Colombia quedó atrapado en un limbo jurídico: existía conciencia del problema, pero no una herramienta penal que permitiera perseguirlo de manera autónoma. Eso acaba de cambiar.

La Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley que tipifica como delito la violación de animales y modifica el Código Penal colombiano para incluir este nuevo tipo penal. La norma, que ahora aguarda únicamente la sanción presidencial para entrar en vigencia, cierra un vacío que la legislación de protección animal vigente desde 2016 no había podido cubrir.

Un vacío que la Ley 1774 no resolvió

En Colombia, el maltrato animal ya estaba penalizado desde 2016 con la Ley 1774, que estableció sanciones para quienes causen daño, sufrimiento o muerte a animales. Sin embargo, esa normativa no contemplaba específicamente el abuso sexual como delito autónomo. En la práctica, esto significaba que muchos casos terminaban en la impunidad o debían encuadrarse en figuras legales que no se ajustaban con precisión a la conducta.

Según sus promotores, la creación de un tipo penal autónomo permitirá que las autoridades investiguen y judicialicen de manera efectiva estos casos, que hasta ahora enfrentaban vacíos legales.

Qué dice la ley

Quien acceda carnalmente a un animal podrá ser condenado a una pena de prisión de entre 48 y 55 meses. Además, la norma contempla inhabilidad especial de dos a cuatro años para ejercer profesiones, oficios o comercios relacionados con animales, prohibición de adquirir, tener o cuidar animales, y multa de entre 30 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La ley también incluye agravantes que elevan las penas. Entre ellos, que el hecho ocurra en espacios públicos, que sea grabado con fines pornográficos, que el animal muera como consecuencia de la agresión o que participen varias personas en el delito. En algunos escenarios, la condena podría alcanzar hasta los 10 años de prisión.

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Las voces detrás de la iniciativa

El proyecto fue promovido por los senadores Iván Cepeda y Esmeralda Hernández. Tras la aprobación en cámara, Cepeda aseguró que la decisión envía un mensaje contundente contra cualquier forma de violencia hacia los animales.

Hernández, por su parte, fue más directa sobre la dimensión del problema. "No hay que normalizar que los animales sean abusados sexualmente, causándoles casi siempre la muerte. Perros, gatos, gallinas, burras y todo tipo de animales están siendo víctimas todos los días en Colombia y no lo podemos tolerar", afirmó la congresista.

El vínculo con la violencia contra menores

Uno de los argumentos que más peso tuvo en el debate legislativo fue la relación entre el abuso sexual de animales y otras formas de violencia. La senadora Hernández señaló que hay evidencias técnicas y científicas que indican que algunos agresores sexuales de niños han tenido previamente conductas de abuso sexual hacia animales, y sostuvo que la ley también funciona como herramienta de prevención frente a estas formas de violencia.

La congresista también advirtió que cientos de animales en el país siguen siendo víctimas de abusos sexuales que muchas veces terminan causándoles la muerte.

Colombia en el contexto regional

Con la sanción presidencial pendiente, Colombia se suma a un puñado de países latinoamericanos que cuentan con legislación penal específica para esta conducta. Bolivia y El Salvador la tipificaron en 2015 y 2016 respectivamente; Honduras lo hizo en 2015, y Guatemala en 2017. Chile, en cambio, aún no tiene un delito autónomo: la conducta se encuadra dentro del maltrato animal, con penas de hasta tres años de presidio, y tiene un proyecto en trámite para crear un tipo penal propio. En México, la situación varía por estado: de 32 jurisdicciones, solo 18 contemplan la zoofilia como conducta sancionada en sus códigos penales.

Lo que Colombia introduce con esta ley es precisamente lo que faltaba en varios de esos marcos legales: un tipo penal autónomo, con penas diferenciadas, agravantes específicos y prohibiciones accesorias. Si la sanción presidencial llega sin cambios, el país tendrá una de las regulaciones más completas de la región en la materia.