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Por primera vez, la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se realiza en un país del Caribe. La reunión marca un nuevo momento para este tratado ambiental clave en América Latina y esa región, en países donde el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental siguen siendo desafíos centrales. Aunque el acuerdo tiene alcance regional, este encuentro refuerza la idea de que su implementación atraviesa territorios diversos y realidades compartidas.
En América Latina y el Caribe, las decisiones sobre el ambiente no siempre fueron transparentes ni participativas. Durante décadas, comunidades enteras quedaron al margen de proyectos que impactaban directamente en sus territorios. En ese contexto, comenzó a gestarse un proceso que buscó cambiar esa lógica y garantizar derechos básicos vinculados al ambiente.
El punto de partida del Acuerdo de Escazú se remonta a 2012, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20. Allí, varios países de la región impulsaron una declaración conjunta inspirada en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que establece que el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia son fundamentales para proteger el ambiente.
A partir de ese compromiso, los países iniciaron un camino para transformar esos principios en un instrumento vinculante. Entre 2012 y 2014 se llevaron adelante reuniones preparatorias que sentaron las bases del futuro acuerdo.
En 2014, con la llamada Decisión de Santiago, se formalizó el inicio de las negociaciones. Se creó un Comité de Negociación integrado por 24 países de América Latina y el Caribe, con una mesa directiva encabezada por Chile y Costa Rica, y el apoyo técnico de la CEPAL.
Uno de los rasgos más distintivos del proceso fue su carácter participativo. A diferencia de otros tratados internacionales, Escazú incorporó de manera activa a representantes del público en las discusiones. Organizaciones sociales, expertos y ciudadanos pudieron seguir el proceso, aportar propuestas y dialogar con los gobiernos.
Entre 2014 y 2018 se realizaron nueve reuniones presenciales y múltiples instancias virtuales en las que se discutieron los alcances del acuerdo, sus mecanismos de implementación y las obligaciones que asumirían los países.
Su relevancia en la región
El tratado entró en vigor el 22 de abril de 2021, una vez alcanzado ese umbral de ratificaciones. Desde entonces, se convirtió en el primer acuerdo ambiental regional de América Latina y el Caribe y en el primero del mundo en incluir disposiciones específicas para la protección de personas defensoras del ambiente.
Este último punto es especialmente relevante en una región donde los conflictos socioambientales suelen estar acompañados por situaciones de violencia, amenazas o criminalización de quienes defienden el territorio.
El acuerdo se estructura en torno a tres derechos fundamentales: el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Estos pilares buscan garantizar que cualquier persona pueda conocer qué ocurre en su entorno, participar en decisiones que puedan afectarlo y reclamar ante posibles vulneraciones.
Además, el tratado promueve la cooperación entre países, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la educación ambiental, entendiendo que la protección del ambiente también depende de sociedades informadas y activas.
Uno de los aspectos centrales de Escazú es su carácter regional. América Latina y el Caribe comparten desafíos estructurales: desigualdad en el acceso a la información, conflictos por el uso de los recursos naturales y altos niveles de riesgo para defensores ambientales.
El acuerdo reconoce estas problemáticas y propone una respuesta común. No se trata solo de proteger ecosistemas, sino de garantizar derechos y fortalecer la democracia ambiental.
En este sentido, la participación ciudadana deja de ser vista como un obstáculo y pasa a ser una herramienta para mejorar la calidad de las decisiones y prevenir conflictos.
De la firma a la acción
Tras su entrada en vigor, el acuerdo inició su etapa de implementación. Las Conferencias de las Partes (COP) se convirtieron en el espacio donde los países definen lineamientos, comparten experiencias y evalúan avances.
La realización de la COP en el Caribe marca un nuevo paso en este proceso. No solo amplía la presencia territorial del acuerdo, sino que también refuerza su carácter inclusivo y regional.
Sin embargo, los desafíos siguen siendo importantes. No todos los países han ratificado el tratado, y en muchos casos aún falta adaptar legislaciones nacionales para cumplir con sus disposiciones.
El Acuerdo de Escazú no es un punto de llegada, sino un proceso en evolución. Su impacto dependerá de cómo los países lo implementen y de la capacidad de la sociedad civil para apropiarse de sus herramientas. En un contexto de crisis climática, presión sobre los recursos naturales y aumento de conflictos socioambientales, los derechos que promueve el acuerdo adquieren una relevancia cada vez mayor.
Escazú propone una forma distinta de gobernanza: más transparente, más participativa y con mayor acceso a la justicia. En definitiva, una manera de repensar la relación entre sociedad, Estado y ambiente. La realización de su conferencia en el Caribe no es solo un dato geográfico. Es una señal de que el acuerdo sigue avanzando, ampliando su alcance y consolidándose como una herramienta clave para la región.
Porque en América Latina y el Caribe, el desafío no es solo proteger la naturaleza, sino garantizar que todas las personas puedan participar en las decisiones que afectan su entorno.
Qué se espera en esta nueva edición
La agenda de esta Conferencia de las Partes refleja la amplitud del acuerdo y los desafíos de su implementación. En total, se discutirán diez propuestas de decisión que van desde cuestiones de gobernanza hasta aspectos sustantivos como la participación pública, la transparencia y el acceso a la justicia ambiental. Entre los puntos centrales aparece la renovación de la Mesa Directiva —buscando mantener el equilibrio entre subregiones— y la definición de la sede de la próxima COP, prevista para 2028. También se evaluará la continuidad del Comité de Aplicación y Cumplimiento, clave para monitorear el funcionamiento del acuerdo.
En paralelo, una parte importante del debate estará enfocada en la implementación concreta a nivel nacional. Algunos países ya avanzaron con planes y hojas de ruta para aplicar el acuerdo, mientras que otros deberán iniciar ese proceso. Las propuestas incluyen metodologías para organizar la gobernanza interna, identificar actores clave y establecer sistemas de seguimiento. A esto se suma la discusión sobre el financiamiento, con la necesidad de fortalecer el fondo de contribuciones voluntarias que sostiene el funcionamiento del tratado y su expansión en la región.
Finalmente, el encuentro pondrá el foco en el corazón de Escazú: garantizar derechos. Se debatirán mecanismos para mejorar la participación ciudadana en decisiones ambientales, fortalecer el acceso a la información —por ejemplo, a través de registros de emisiones contaminantes— y avanzar en herramientas concretas para el acceso a la justicia. Incluso se prevé la creación de espacios de trabajo específicos y mecanismos de respuesta rápida para proteger a personas en riesgo. En conjunto, estas decisiones buscan consolidar al acuerdo no solo como un marco normativo, sino como una herramienta activa para transformar la gobernanza ambiental en América Latina y el Caribe.
