La científica argentina premiada advierte sobre el lado oculto del litio: “Las comunidades están sufriendo”

Durante más de 15 años, Andrea Izquierdo recorrió humedales altoandinos de la Puna argentina estudiando biodiversidad, recursos hídricos y procesos ecosistémicos. Pero el trabajo de campo terminó llevándola a otra pregunta: qué estaba pasando con las personas que vivían en esos territorios atravesados por el boom del litio.

Bióloga e investigadora del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (UNC-CONICET), Izquierdo acaba de ser distinguida como campeona nacional del Frontiers Planet Prize 2026 por un estudio que analiza cómo las comunidades locales perciben los impactos de la minería de litio en sus territorios.

La investigación, realizada junto a otras cuatro científicas, propone incorporar el conocimiento local a las políticas públicas vinculadas a la transición energética. Y pone sobre la mesa una discusión incómoda: si la salida a la crisis climática puede construirse a costa de nuevas desigualdades ambientales y sociales.

En diálogo con Bioguía, Izquierdo habló sobre el crecimiento “voraz” de la actividad minera, los cambios en la vida cotidiana de las comunidades, la crisis hídrica y la importancia de escuchar a quienes habitan esos territorios.

¿Cómo llegaste a investigar los impactos sociales de la minería de litio?

Fue bastante natural. Nosotros empezamos trabajando desde la ecología, estudiando humedales altoandinos, biodiversidad y procesos ecosistémicos. Pero al estar tanto tiempo en el territorio empezás a vincularte con las comunidades y a conocer sus problemáticas.

Hace unos 15 años la actividad litífera todavía no tenía la intensidad que tiene hoy. Nosotros vimos todo el proceso de crecimiento y de presión creciente sobre esos territorios. Y eso nos llevó a empezar a pensar también la relación entre sociedad y naturaleza, y cómo las actividades humanas afectan a los ecosistemas y a las personas que viven allí.

¿Dónde realizaron el trabajo?

Nuestro trabajo ecológico se desarrolló en toda la Puna argentina, desde Jujuy hasta San Juan. Pero los estudios más profundos los hicimos especialmente en Antofagasta de la Sierra, en Catamarca.

En el caso de esta investigación específica sobre minería de litio trabajamos con cuatro comunidades de Jujuy, Salta y Catamarca. Elegimos comunidades con experiencias y posturas distintas frente a la actividad minera, porque generalizar siempre es un error. Cada comunidad tiene su propia historia y relación con la minería.

¿Qué impactos encontraron?

Algo muy interesante es que las comunidades reconocen los mismos grandes tipos de impactos que aparecen en la literatura científica: impactos ambientales, sociales y económicos. Pero el conocimiento local aporta muchísimo detalle y permite entender cómo esos impactos se encadenan entre sí.

Por ejemplo, suele decirse que la minería genera trabajo. Y efectivamente muchas comunidades reconocen nuevas oportunidades laborales. Pero también describen cómo eso modifica las dinámicas familiares, las rutinas y los modos de vida tradicionales.

Hay familias que empiezan a brindar servicios para la minería, como hospedaje o comida, y eso aumenta el consumo doméstico de agua. También aparecen ritmos de trabajo distintos, cambios culturales y transformaciones profundas en la organización cotidiana.

¿Qué fue lo que más te impactó personalmente?

Lo que más me conmovió fueron los efectos sobre la salud mental. Muchas personas empezaron a hablar de estrés, ansiedad y depresión asociadas a situaciones que antes no formaban parte de sus vidas. Eso me impactó muchísimo porque son problemáticas más vinculadas a dinámicas urbanas y que ahora empiezan a aparecer en comunidades rurales atravesadas por estos procesos.

¿Qué otros efectos ambientales observan además del uso del agua?

Nosotros no hicimos mediciones empíricas directas sobre el impacto hídrico porque es muy difícil separar lo que corresponde específicamente a la minería de lo que ya está produciendo el cambio climático en una región cada vez más árida.

Pero sí aparecen muchos reportes vinculados a contaminación del aire, acumulación y dispersión de sales, afectación de humedales por el riego de caminos con agua salada y emisiones de plantas de tratamiento.

También está el caso de Vega Trapiche, en Catamarca, donde hubo una degradación muy fuerte por una mala praxis asociada a la instalación de cañerías. Ahí el daño fue muy abrupto. En otros casos, la degradación es más lenta y gradual, pero también ocurre.

¿Las comunidades están pudiendo decidir sobre sus territorios?

La legislación que garantiza la consulta previa, libre e informada existe hace mucho tiempo en Argentina. El problema es que muchas veces no se respeta realmente.

Hay simulacros de participación o procesos poco transparentes. Las comunidades reclaman que se contemplen sus cosmovisiones y sus formas de vida para poder participar genuinamente de las decisiones. Y eso hoy no está ocurriendo.

¿Es posible una transición energética más justa?

Sí, pero implica respetar verdaderamente las decisiones de las comunidades. Algunas aceptan la minería, otras no, y muchas plantean “no así”, “no de esta manera”.

Eso obligaría a rediseñar la actividad: otros ritmos, otras escalas, otros tiempos y formas de producción que respeten los ciclos naturales y las necesidades socioculturales de quienes viven allí.

El problema es que el modelo actual es extremadamente voraz y avanza demasiado rápido.

Tu investigación fue reconocida internacionalmente con el Frontiers Planet Prize 2026. ¿Por qué crees que generó tanto interés?

Creo que el trabajo pone el foco en algo central: cómo una solución global frente al cambio climático puede generar impactos locales muy profundos.

La transición energética busca reducir los gases de efecto invernadero, pero depende de actividades extractivas que muchas veces se desarrollan en territorios indígenas y rurales. Y ahí aparece una gran paradoja: quienes menos contribuyeron al cambio climático terminan soportando gran parte de los costos de la transición.

Además, el equipo está formado íntegramente por mujeres.

Sí, somos cinco autoras mujeres. No fue algo planificado, pero terminó sucediendo así.

Y sí creo que hay temas que muchas veces abordamos especialmente las mujeres: el cuidado, los vínculos, las dinámicas comunitarias, los derechos de las personas. No significa que los hombres no puedan hacerlo, pero en nuestro caso fue una sensibilidad compartida desde el inicio del trabajo.

¿Qué te gustaría que deje esta investigación?

Creo que la gran fortaleza del trabajo es demostrar que una política pública participativa no solo es posible, sino que además es beneficiosa.

El conocimiento local no es un adorno: puede mejorar las decisiones y aportar información valiosa para abordar problemas complejos. Y eso no aplica solo al litio. Aplica a cualquier política pública. Escuchar a quienes habitan los territorios debería ser el punto de partida.