Las inscripciones superaron las 65 mil personas. En Argentina, la ciudadanía se organizó para que los escuchen, sin embargo una estrategia del Gobierno de Javier Milei restringió la cantidad de expositores a solo 200. Es que en ese país hoy se debate la reforma a una de las leyes más importantes para el cuidado del medio ambiente: la ley de Glaciares que protege aquello que forma parte de un sistema mucho más amplio: una red hídrica que sostiene ciudades, economías y ecosistemas a escala regional.

Los glaciares y las zonas periglaciares —es decir, los suelos congelados de alta montaña— cumplen un rol clave en el almacenamiento y regulación del agua dulce. En Argentina, esta función está reconocida por la legislación vigente, que los define como reservas estratégicas para el consumo humano, la agricultura y la preservación de los ecosistemas.

Pero esa importancia no se limita a un solo país. En toda la región andina, estos sistemas naturales funcionan como una especie de “caja de ahorro” de agua: acumulan durante períodos fríos y liberan en momentos de escasez. Esto permite sostener caudales en ríos incluso cuando no hay lluvias o nieve reciente.

Un indicador directo del cambio climático

El retroceso de los glaciares es hoy uno de los indicadores más claros del avance del cambio climático. Según datos recopilados por la UNESCO, la región andina muestra una disminución sostenida de la masa glaciar, acompañada por una reducción en la disponibilidad de agua en distintas cuencas.

El fenómeno no es homogéneo, pero sí generalizado: los glaciares están perdiendo superficie y volumen, lo que impacta directamente en los sistemas hídricos que dependen de ellos.

Esta pérdida no solo implica menos hielo visible en la montaña. También significa una alteración en los ciclos del agua, con consecuencias que se proyectan a largo plazo. A medida que disminuyen estas reservas, se reduce la capacidad de los ecosistemas para amortiguar sequías y sostener el abastecimiento en períodos críticos.

Glaciares / FARN
Glaciares / FARN

Qué protege la ley —y por qué importa

En Argentina, la Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 con el objetivo de preservar estos cuerpos de hielo y su entorno. La normativa establece la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar, y prohíbe actividades que puedan afectarlos, como la liberación de contaminantes, la construcción de infraestructura o la explotación minera en esas áreas.

El sentido de estas restricciones es claro: evitar intervenciones que puedan alterar la cantidad o la calidad del agua disponible. Los glaciares no solo almacenan agua, también contribuyen a mantener su pureza, lo que los convierte en un recurso estratégico.

Diversas organizaciones coinciden en que su protección es fundamental para garantizar derechos básicos. Desde el acceso al agua potable hasta la producción de alimentos, múltiples actividades dependen directa o indirectamente de estos sistemas.

Un debate que vuelve

En los últimos meses, la Ley de Glaciares volvió al centro del debate en Argentina. Un proyecto de reforma propone modificar algunos de sus alcances, lo que generó preocupación en sectores científicos y ambientales.

Entre los puntos en discusión aparece la posibilidad de reducir las áreas protegidas o flexibilizar ciertas restricciones, lo que habilitaría actividades económicas -como la minería- en zonas actualmente resguardadas.

El debate no es nuevo, pero adquiere mayor relevancia en el contexto actual, marcado por la crisis climática y la creciente presión sobre los recursos naturales.

Organizaciones ambientales advierten que cualquier cambio en la protección de estos ecosistemas puede tener consecuencias significativas, no solo a nivel local sino también regional.

Glaciares Argentina
Glaciares en Argentina

Agua para toda la región

Uno de los puntos centrales es que los glaciares forman parte de cuencas compartidas. El agua que se origina en la cordillera no se queda en un solo territorio: fluye hacia distintas regiones, atravesando fronteras y conectando países.

Por eso, la discusión sobre su protección no puede pensarse únicamente en términos nacionales. La alteración de estos sistemas puede impactar en el abastecimiento de agua, la producción agrícola y los ecosistemas de toda la región.

Además, los glaciares cumplen un rol clave en la regulación hídrica. Su capacidad de liberar agua de manera gradual permite sostener actividades humanas y naturales en contextos de variabilidad climática.

Sin ese “colchón” natural, las cuencas quedan más expuestas a sequías y a fluctuaciones extremas en la disponibilidad de agua.

¿Qué pasa si se debilita la protección?

La posible reducción de las áreas protegidas abre interrogantes sobre el futuro de estos ecosistemas. Actividades como la minería, la infraestructura o el desarrollo industrial pueden afectar tanto la cantidad como la calidad del agua.

En zonas de alta montaña, cualquier alteración tiene efectos amplificados. La remoción de suelos, la contaminación o el cambio en las dinámicas naturales pueden acelerar el deterioro de los glaciares y comprometer su función como reservorios.

Desde organizaciones ambientales se advierte que sin agua no hay desarrollo posible, y que la protección de estos sistemas es una condición básica para sostener cualquier modelo productivo a largo plazo.

Un recurso sin reemplazo

A diferencia de otros recursos naturales, el agua no tiene sustituto. En regiones donde las precipitaciones son irregulares, los glaciares cumplen un rol insustituible en la regulación del sistema hídrico.

El retroceso de estas masas de hielo, combinado con posibles cambios en su protección, plantea un escenario de creciente incertidumbre. No se trata solo de conservar paisajes, sino de garantizar condiciones básicas para la vida.

En ese sentido, los glaciares funcionan como una señal de alerta. Su degradación refleja cambios más amplios en el clima y en la relación entre las sociedades y el ambiente.

Pensar su protección como una política aislada resulta insuficiente. En un contexto de crisis climática, la gestión del agua —y de los sistemas que la sostienen— requiere una mirada integrada, que reconozca la interdependencia entre territorios.

Porque en los Andes, el agua no empieza ni termina en una frontera. Y lo que ocurra con los glaciares hoy va a definir cómo se distribuye ese recurso en el futuro.