Banco de Bosques, en coalición con las ONG Aves Argentinas, FARN y Fundación Vida Silvestre, lleva adelante una campaña para salvar al Río Santa Cruz y al Glaciar Perito Moreno de los graves impactos de la construcción de dos megarepresas previstas en la provincia de Santa Cruz desde el año 2014.

Luego de la audiencia pública celebrada en 2017 en el Congreso de la Nación y con serias advertencias de los peligros por parte de científicos, ingenieros, biólogos y activistas, se levantó la medida cautelar promovida por Banco de Bosques y aplicada por la Corte Suprema de Justicia, en base a una nueva Evaluación de Impacto Ambiental realizada y a su vez aprobada por el gobierno nacional.

Gracias al trabajo de expertos en diversos campos, la coalición de ONG reunió la información suficiente para poder pedir la nulidad de la Evaluación de Impacto Ambiental.

En octubre del 2020, la Corte Suprema dio lugar a los planteos presentados y pidió que se expidieran al respecto el Estado Nacional, la Administración de Parques Nacionales (APN), el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Pero, a pesar de contar con 30 días para responder, 7 meses después se recibió el informe del INPRES, quedando pendiente el informe de IANIGLIA.

“Gracias a los esfuerzos de conservación y manejo realizados en la última década, las poblaciones de Macá Tobiano, ave emblemática endémica de esta zona, se han estabilizado, pero de continuar con las obras el sitio se convertiría en una trampa mortal que llevaría a la extinción a esta especie que se encuentra aún en peligro crítico. Es muy lamentable que las presiones de países extranjeros hayan primado sobre nuestra soberanía ambiental, sobre todo cuando se trata de una obra innecesaria desde el punto de vista energético” sostiene Hernán Casañas, Director Ejecutivo de Aves Argentinas.

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Imagen: Pablo Hernandez.

La solicitud para que se aplique el principio precautorio cobra especial trascendencia en este caso, en el que con anterioridad fueron despreciadas variables de riesgo, más aún siendo que durante el desarrollo de la obra se detectaron problemas gravitantes, provocando que las estructuras deban ubicarse en nuevos lugares que no fueron analizados y de los cuales desconocemos sus coordenadas exactas.

Las condiciones de aplicación del principio precautorio son:

Situación de incertidumbre.

Evaluación científica del riesgo.

Perspectiva de un daño grave e irreversible.

Proporcionalidad de las medidas.

Transparencia de las medidas.

Inversión de la carga de la prueba.

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Imagen: @turba_contenidos

Por su parte, Cristian Fernandez, abogado en la causa, resaltó que “el INPRES ha puesto de relieve las deficiencias, inconsistencias y omisiones informativas del estudio de sismología contenido en el EsIA de las represas que fuera aprobado por las autoridades ambientales y energéticas del Estado Nacional en agosto de 2017”. Y agrega: “el INPRES afirma que se requieren sismómetros. Se necesita información de 3 a 5 años antes del llenado de los embalses.”