En 2024, Colombia deforestó un 43% más que el año anterior. No fue un dato menor: borró de golpe el récord histórico que el país había alcanzado en 2023, el nivel más bajo en dos décadas de seguimiento. Ese rebote no ocurrió en el vacío sino en medio de un gobierno que había hecho del discurso ambiental una bandera política. Lo que viene después depende, en buena parte, de quién gane las elecciones.

Los cuatro candidatos que lideran las encuestas, Iván Cepeda (Pacto Histórico), Abelardo de la Espriella (Salvación Nacional), Sergio Fajardo (Compromiso y Dignidad) y Paloma Valencia (Centro Democrático), tienen posiciones sobre cambio climático. Ninguno es negacionista en el sentido estricto. Pero cuando se miran en detalle sus propuestas sobre deforestación y transición energética, las diferencias son profundas, y también los vacíos.

El bosque no se salva solo con satélites ni con soldados

La deforestación y el cambio de uso del suelo representan el 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia, más que cualquier otro sector. Sus motores principales son la ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras, problemas con raíces económicas, políticas y territoriales. Esa complejidad se refleja de manera desigual en los programas.

Cepeda propone el abordaje más integral: sustituir la ganadería extensiva por modelos silvopastoriles, fortalecer la protección a líderes ambientales e implementar monitoreo en tiempo real para detectar deforestación y minería ilegal. Lo que lo distingue de los otros tres es que reconoce explícitamente las entidades territoriales indígenas, las reservas campesinas y las comunidades afro como actores clave de la gobernanza amazónica. Para analistas como Vanessa Torres, de Ambiente y Sociedad, ese reconocimiento no es un detalle menor: es una condición para que cualquier estrategia funcione en la práctica. Las preguntas que deja sin responder son cómo se ejecutará y desde dónde se financiarán esas medidas.

Fajardo plantea reducir la deforestación a niveles cercanos a cero en 2030, con monitoreo satelital, acuerdos territoriales de conservación y bioeconomía como motor alternativo. El diagnóstico es sólido, pero según Alejandro Ballesteros, coordinador de incidencia política en la Fundación Etnollano, la propuesta tiene vacíos importantes en gobernanza: no reconoce suficientemente las formas de gobierno propias de los territorios amazónicos, que son precisamente las que han funcionado como barreras reales contra la deforestación.

Valencia propone restaurar un millón de hectáreas y erradicar grupos armados de los parques nacionales, combinando conservación con seguridad militar. El problema, señala Ballesteros, es la coherencia interna: es difícil articular protección ambiental con una agenda que al mismo tiempo impulsa fuertemente el sector minero-energético. Tampoco queda claro cómo se integrarían los pueblos y autoridades indígenas en ese esquema.

De la Espriella es el más elusivo en este punto. Su programa no ofrece una estrategia concreta contra la deforestación, pero sí propone ampliar la frontera agrícola en 1,5 millones de hectáreas y acelerar la minería legal. Para Torres, el riesgo es que su única política efectiva para la Amazonia termine siendo la militarización, lo que históricamente ha generado más conflictos que soluciones.

La trampa energética: todos hablan de transición, no todos la hacen

El sector energético genera el 30% de las emisiones de Colombia. El petróleo y el carbón representan cerca del 40% de las exportaciones del país. Ese nudo económico explica por qué ningún candidato propone una salida limpia y rápida.

Cepeda es el único que plantea prohibir el fracking y frenar los hidrocarburos, apostando por La Guajira como polo de energía eólica y solar y por comunidades energéticas locales. El analista Felipe Bernal, del Centro Global de Política Energética de la Universidad de Columbia, describe su modelo como de descarbonización acelerada con centralización estatal, lo que puede generar incertidumbre para inversores pero también mayor control público sobre la transición. El flanco débil es la falta de claridad sobre cómo se garantiza el suministro energético durante ese proceso.

Fajardo propone mantener exploración de gas natural, incluyendo offshore y pilotos de fracking, mientras instala al menos 1.000 megavatios nuevos por año, con un 80% proveniente de renovables. Es el programa que más intenta equilibrar seguridad energética y descarbonización, aunque Torres considera que no es suficientemente ambicioso ni claro sobre cómo se distribuyen los beneficios territorialmente. Bernal lo describe como una transición gradual que busca estabilizar reglas sin romper estructuras de poder existentes.

Valencia quiere llegar a un millón de barriles de petróleo por día e impulsar el fracking, a la vez que desarrolla hidroeléctricas y renovables. Su apuesta es por agilidad institucional: consultas previas acotadas donde las comunidades puedan ser socias pero no ejercer veto. Para Bernal, el modelo da claridad jurídica a las empresas, pero el riesgo es un aumento de conflictos sociales y una dependencia renovada de las rentas extractivas que dificulte la diversificación.

De la Espriella va en la dirección más directa: reactivar la exploración y producción de petróleo y gas, acelerar proyectos de fracking y tratar el gas como asunto estratégico de Estado. Su propuesta reduce el peso de las restricciones ambientales y acorta los procesos de consulta, lo que le da coherencia interna pero lo aleja de cualquier horizonte de transición real.

Lo que el voto climático debería mirar

Los programas revelan tres preguntas que importan para el futuro ambiental de Colombia: quién gobierna el territorio amazónico; qué tan rápido se puede reducir la dependencia de los fósiles sin comprometer el suministro energético y los ingresos fiscales; y quién paga los costos de la transición y quién se queda con los beneficios.

Ninguno de los cuatro candidatos responde esas preguntas de manera completa. Pero la distancia entre sus enfoques es lo suficientemente grande como para que el resultado de junio importe, y mucho, para los bosques, las comunidades y el clima.