Durante décadas, el dióxido de carbono acaparó casi toda la atención climática. Pero hay otro gas que viene acumulando urgencia en silencio, y en estos días volvió a quedar en el centro del debate global. António Guterres, secretario general de la ONU, usó su discurso en la London Climate Action Week para lanzar dos iniciativas que van mucho más allá de los llamados habituales: un plan concreto para recortar emisiones de metano antes de 2030 y una propuesta inédita para que las empresas de inteligencia artificial rindan cuentas por su huella ambiental.

Los dos anuncios comparten una lógica. En ambos casos, el problema no es la falta de tecnología ni de alternativas, sino la ausencia de transparencia y de voluntad política para actuar sobre lo que ya se sabe.

El gas que calienta rápido y que se puede cortar rápido

El metano es responsable de aproximadamente un tercio del calentamiento global y es unas 80 veces más potente que el CO₂. Pero, a diferencia de este, se descompone en la atmósfera en el plazo de una o dos décadas. Esa característica lo convierte en un objetivo estratégico: los efectos de reducirlo se notan en el clima mucho antes que los de reducir carbono.

El llamado de Guterres apunta a tres sectores. La agricultura concentra la mayor parte de las emisiones de metano de origen humano, fundamentalmente por la ganadería y el cultivo de arroz. Le siguen los combustibles fósiles, con el gas quemado o ventilado durante la extracción, y en tercer lugar los residuos, especialmente rellenos sanitarios y aguas residuales. El plan identifica nueve acciones prioritarias para 2030 distribuidas entre estos tres sectores, con énfasis especial en el energético: si se aplicaran todas las medidas técnicamente viables en petróleo y gas, ese sector aportaría cerca del 72% del potencial global de mitigación de metano.

El diagnóstico sobre la industria fósil es contundente. Según la Agencia Internacional de la Energía, alrededor del 70% de las emisiones de metano del petróleo y el gas pueden eliminarse con tecnología ya disponible, en gran parte con un costo neto bajo o nulo. Y sin embargo, los avances son mínimos: solo en 2025 se quemaron unos 167.000 millones de metros cúbicos de gas, una cifra equivalente al consumo anual de todo el continente africano.

El dato sobre monitoreo es quizás el más revelador del estado actual. El Sistema de Alerta y Respuesta al Metano del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) ha emitido más de 5.000 alertas en 33 países, pero la tasa de respuesta mundial ronda el 12%. Nueve de cada diez alertas se ignoran.

Ante ese panorama, Guterres fue directo: la autorregulación ya no alcanza. Convocó a gobiernos productores y consumidores a establecer un estándar mundial que apunte a emisiones de metano cercanas a cero en toda la cadena de valor del petróleo y el gas. La comparación histórica que usó no fue casual: recordó que el mundo ya eliminó la nafta con plomo y los químicos que destruían la capa de ozono. El metano, sugirió, puede seguir ese mismo camino si hay voluntad regulatoria real.

La IA entra a la agenda climática por la puerta de atrás

El segundo anuncio fue menos esperado, y quizás por eso más significativo. Guterres presentó la AI Environmental Transparency Initiative, una propuesta dirigida a las principales empresas de inteligencia artificial del mundo.

La iniciativa convoca a las grandes compañías del sector a revelar públicamente las huellas de carbono, agua y uso de suelo de sus sistemas, y a comprometerse a operar todos sus centros de datos con energía renovable para 2030.

El eje de la propuesta no es prohibir ni restringir el desarrollo de la IA, sino hacer visible lo que hoy permanece opaco. Los centros de datos que sostienen los modelos de lenguaje, las plataformas de generación de imágenes y los sistemas de procesamiento masivo consumen volúmenes enormes de electricidad y agua para refrigeración, y ocupan superficies significativas de territorio. Sin embargo, esos impactos rara vez aparecen en las discusiones públicas sobre inteligencia artificial, que suelen concentrarse en capacidades, riesgos éticos o regulación de contenidos.

La ONU señala que esta opacidad tiene consecuencias concretas. Cuando los centros de datos se instalan en territorios con presión sobre recursos hídricos o energéticos, las comunidades locales suelen absorber los costos sin recibir beneficios proporcionales. La falta de datos públicos sobre esos impactos impide que gobiernos y sociedades evalúen con información real si los acuerdos que firman con las empresas tecnológicas son equitativos.

El llamado no tiene fuerza vinculante, y esa es su limitación más evidente. Pero introduce un principio que los reguladores de varios países ya están empezando a explorar: que el acceso a infraestructura pública, incentivos fiscales o permisos de instalación podría condicionarse a la divulgación de datos ambientales verificables.

Dos problemas, una misma lógica

Lo que conecta ambas iniciativas es más profundo que el clima. Tanto el metano como la huella ambiental de la IA son problemas que se agravan por la misma razón: la información existe, las soluciones técnicas también, pero los incentivos para actuar sin presión externa son insuficientes.

Reducir las emisiones de metano es, según la propia ONU, una de las formas más rápidas, sencillas y rentables de enfrentar la crisis climática en el corto plazo.

Lo mismo podría decirse de exigir transparencia a la industria tecnológica: no requiere nueva ciencia ni nuevas tecnologías, solo la decisión de que esa información sea pública y comparable.

Si la semana de Londres dejó algo claro es que la agenda climática ya no puede darse el lujo de ignorar ninguna de las dos fuentes de emisiones. El metano lleva décadas en el radar. La IA acaba de entrar al mapa.