En la Cordillera el agua no siempre se escucha. No corre, no cae, no suena, se mantiene firme en las capas que durante años se compactan en forma de hielo. Se acumulan durante siglos y muchas veces se esconden bajo suelos que permanecen congelados casi todo el año.
Visto desde lejos, el paisaje blanco puede parecer árido, pero allí, entre el blanco absoluto de la alta montaña, se guarda una de las reservas de agua dulce más importantes de la Argentina.
Esa agua se libera lentamente, a medida que el hielo se derrite o el suelo se descongela. Alimenta ríos, sostiene ecosistemas y llega —mucho tiempo después— a ciudades, cultivos y hogares. Es un sistema silencioso, pero vital. Y también frágil.
Para protegerlo, en 2010 el país sancionó la Ley de Glaciares. La norma buscó poner un límite claro: hay zonas donde el agua se forma y se conserva, y allí ciertas actividades no pueden avanzar. Pero más de una década después, ese límite vuelve a discutirse. Un proyecto de reforma impulsado por el Gobierno Nacional reabre un debate de fondo sobre qué se prioriza —la protección del agua o el desarrollo de la minería— y cómo se define ese equilibrio.
Qué es la Ley de Glaciares
La Ley 26.639 establece un régimen de “presupuestos mínimos” para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. Es decir que fija un piso de protección ambiental obligatorio para todo el país. Su objetivo es preservar estas áreas como reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para el consumo humano, la agricultura y los ecosistemas.
La norma no solo protege los glaciares visibles sino también el ambiente periglacial. Este concepto es clave: incluye zonas de alta montaña donde el suelo permanece congelado o saturado de hielo durante gran parte del año. Aunque no siempre se perciben como glaciares, estos sistemas funcionan como reguladores hídricos: almacenan agua y la liberan gradualmente, alimentando ríos y cuencas.
Para garantizar esa protección, la ley prohíbe una serie de actividades en estas áreas: la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras que alteren la dinámica del hielo y el uso de sustancias contaminantes.
Además, gracias a esta ley se creó el Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta científica que identifica y monitorea estos cuerpos de hielo en todo el país. Hoy se registran casi 17.000 glaciares en Argentina, distribuidos principalmente a lo largo de la cordillera de los Andes.
Argentina fue pionera en este tipo de legislación: fue uno de los primeros países en el mundo en proteger de manera integral tanto glaciares como ambientes periglaciales. Esa visión reconoce que el agua no empieza cuando se derrite el hielo, sino mucho antes, en los sistemas que lo contienen y regulan.
Pero desde su origen, la ley estuvo atravesada por tensiones. Provincias con fuerte potencial minero —como San Juan, Catamarca o Jujuy— plantearon que la norma limitaba el desarrollo económico. Del otro lado, científicos y organizaciones ambientales defendieron la necesidad de establecer límites claros para proteger un recurso estratégico en un contexto de cambio climático y creciente escasez hídrica.
El núcleo del conflicto: agua versus minería
El debate actual no es nuevo, pero sí más intenso. En los últimos años, la minería —especialmente de cobre y litio— se volvió central en la agenda económica argentina, impulsada por la demanda global de minerales críticos para la transición energética.
El Gobierno nacional sostiene que la ley vigente es demasiado amplia y genera “incertidumbre jurídica” que desalienta inversiones. En particular, cuestiona la definición de ambiente periglacial, que considera demasiado abarcativa.
Desde su perspectiva, la protección actual podría estar bloqueando proyectos incluso en zonas donde no habría una función hídrica relevante. Por eso, la reforma busca “ordenar” el marco normativo y habilitar un mayor desarrollo de la actividad minera.
Del otro lado, especialistas y organizaciones ambientales advierten que esa amplitud es justamente lo que garantiza la protección del sistema hídrico en su conjunto. Reducirla implicaría intervenir zonas que, aunque no parezcan glaciares, cumplen un rol clave en la disponibilidad de agua.
Qué cambios se discuten hoy
El proyecto de reforma introduce modificaciones sustanciales en distinos ejes.
El primero es la redefinición del objeto de protección. Mientras la ley vigente protege todos los glaciares y ambientes periglaciales, la nueva propuesta limita esa protección a aquellos que tengan una “función hídrica relevante” comprobable. En la práctica, esto reduce el alcance de la ley y deja fuera áreas que hoy están resguardadas.
El segundo cambio es el rol de las provincias. La iniciativa propone darles mayor poder para definir qué zonas deben protegerse y cuáles pueden destinarse a actividades productivas. Esto implica un giro en el esquema actual, que establece criterios mínimos a nivel nacional.
El tercer eje es la flexibilización de las prohibiciones. En lugar de restricciones generales, el proyecto plantea evaluar caso por caso la posibilidad de realizar actividades como la minería en zonas cercanas a glaciares.
Desde el punto de vista científico, uno de los principales riesgos señalados es la dificultad de determinar con precisión qué áreas tienen o no una “función hídrica relevante”. Los sistemas periglaciales son complejos y muchas veces invisibles: su importancia no siempre es evidente a simple vista, pero puede ser crucial para el equilibrio de las cuencas.
En el plano legal, también hay tensiones. La ley actual se basa en el principio precautorio: ante la posibilidad de daño ambiental, la falta de certeza científica no debe ser excusa para no proteger. Algunos especialistas advierten que la reforma invierte esa lógica y exige demostrar previamente el valor hídrico para justificar la protección.
Además, existe un debate sobre el federalismo ambiental. Mientras el Gobierno plantea dar más autonomía a las provincias, críticos señalan que eso podría generar criterios desiguales y debilitar la protección de un recurso que no reconoce fronteras políticas.
El Senado ya dio media sanción al proyecto y el debate continúa en la Cámara de Diputados, acompañado por audiencias públicas con una participación masiva de ciudadanos y organizaciones. Hasta el día de hoy se anotaron cerca de cincuentamil personas para participar en el debate.
Esa movilización refleja que la discusión trasciende lo técnico: toca fibras sensibles como el acceso al agua, el modelo de desarrollo y el rol del Estado en la protección del ambiente.