El 29 de octubre, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad, con 56 votos, la Ley Compasión. Desde ahora, todas las escuelas porteñas, públicas y privadas, deberán incorporar contenidos sobre respeto, cuidado y protección de los animales en todos los niveles educativos, desde el jardín de infantes.

El proyecto fue elaborado por la organización Sintientes, fundada por Liz Solari y presidida por Máximo Mazzocco, y lo presentó el legislador Emmanuel Ferrario. Solari y Leonardo Barnabá figuran como coautores del texto.

La ley no crea una materia nueva. Propone una incorporación progresiva y transversal de contenidos, organizados en cinco ejes que parten de una misma idea: reconocer a los animales como seres sintientes. Uno de esos ejes baja a lo cotidiano y se dedica a la convivencia urbana, con temas como el uso de correa y la recolección de desechos. No es un detalle menor en una ciudad donde, según datos presentados durante la sesión, viven cerca de un millón de perros y gatos, repartidos en aproximadamente la mitad de los hogares.

Ahora el siguiente paso depende del Ministerio de Educación porteño, que deberá definir los contenidos mínimos para cada nivel una vez que la ley sea promulgada y reglamentada. En esa etapa se decide buena parte de su alcance real, y la experiencia de otras ciudades lo confirma.

Nueva York: una ley centenaria que muchas escuelas desconocen

El antecedente más antiguo está en Nueva York. En 1917, el estado obligó a todas las escuelas primarias sostenidas con fondos públicos a enseñar el trato humanitario y la protección de animales y aves, junto con el papel que cumplen en la naturaleza. La norma se convirtió en el artículo 809 de la Ley de Educación en 1947 y se amplió en 1976. Hoy incluye, entre otros puntos, la importancia de controlar la reproducción de los animales que terminan abandonados.

Además, prevé una sanción poco común: si una escuela no imparte esa enseñanza, el distrito puede perder fondos públicos.

Aun así, el problema persistente fue la aplicación. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York advirtió en varios informes que muchas escuelas ni siquiera conocen esa obligación. En 2006 se presentó en el Concejo municipal una resolución que pedía al Departamento de Educación notificar el mandato a todas las escuelas públicas y exigir a los directores de primaria que lo hicieran cumplir.

En 2022 llegó otro proyecto, que exigía al Departamento de Educación un informe anual. El informe debía detallar cuántas escuelas tienen un plan para esta enseñanza, cuántos minutos por semana le dedican en cada grado y qué temas abordan. Más de un siglo después de sancionada la ley, la discusión ya no era si debía existir, sino cómo medir si se cumplía.

Bogotá: promover sin obligar

En mayo de 2003, el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 84, que firmó el entonces alcalde Antanas Mockus. La norma promueve talleres sobre protección animal en todos los colegios distritales de preescolar, básica y media, dentro del área de ciencias naturales y educación ambiental.

La Secretaría de Educación quedó a cargo de promover, coordinar y apoyar esos talleres. Puede sumar a organizaciones protectoras, distribuir material didáctico y reconocer a los colegios con proyectos destacados en la materia.

La diferencia con el modelo porteño está en un párrafo del acuerdo, que deja a cada colegio la decisión sobre cómo integrar los talleres en su plan educativo. Bogotá eligió promover, no obligar. Casi dos décadas después, en 2021, un nuevo proyecto propuso integrar la protección animal a los Proyectos Ambientales Escolares de colegios públicos y privados, señal de que el tema seguía abierto.

Ciudad de México: un principio constitucional sin presupuesto adicional

En 2017, la Constitución de la Ciudad de México reconoció a los animales como seres sintientes. En diciembre de 2025, una reforma publicada en la Gaceta Oficial fue más allá. El texto establece que el sistema educativo local fomentará la protección de los animales, en la misma línea que la educación ambiental y los derechos humanos, y eleva a rango constitucional la prohibición del maltrato animal.

Uno de los artículos transitorios aporta un matiz. Las obligaciones que surjan de la reforma deberán cubrirse con el presupuesto ya asignado, sin recursos adicionales. El principio quedó en la norma de mayor jerarquía de la ciudad, pero su aplicación en las aulas depende de lo que cada área pueda hacer con los fondos existentes.

El marco nacional acompaña ese movimiento. En 2024, México aprobó una reforma constitucional que incluye la educación sobre protección animal en los planes de estudio.

Cuatro modelos, una misma tensión

Al compararlos, aparecen enfoques distintos. Nueva York obliga y castiga con fondos, pero arrastra décadas de cumplimiento irregular. Bogotá promueve y deja la decisión en cada colegio. Ciudad de México lo eleva a principio constitucional sin asignar dinero nuevo. En California, el Código de Educación pide a cada docente que promueva la amabilidad con los animales de compañía y el trato humanitario hacia todos los seres vivos, una fórmula amplia que depende del criterio de cada aula.

Buenos Aires se ubica entre los modelos más exigentes, con contenidos obligatorios, transversales y presentes en todos los niveles. Su alcance real todavía depende de dos decisiones pendientes. Una es la reglamentación. La otra, quizá la más importante, es qué contenidos mínimos defina el Ministerio de Educación y con qué herramientas llegarán al salón de clases.

En la misma sesión, la Legislatura aprobó además la creación de un servicio público de cremación de animales de compañía en el Cementerio de la Chacarita. Las tres leyes ya están sancionadas y las tres esperan decisiones del gobierno porteño.

En Nueva York, más de cien años después, todavía se discute cuántos minutos por semana se dedican al tema. En Buenos Aires, ese conteo ni siquiera empezó.