El litio suele aparecer en los discursos oficiales como el “oro blanco” del siglo XXI. Es el mineral clave para fabricar baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos, y por eso quedó asociado a la transición energética global. Para muchos gobiernos, representa una oportunidad histórica de crecimiento, exportaciones e inversiones. Pero en los salares andinos donde se extrae, la realidad es bastante más compleja.
Detrás de la narrativa del desarrollo sostenible crecen conflictos ambientales, sociales y territoriales. Y en el centro de esa disputa están los pueblos originarios que habitan desde hace siglos las regiones donde hoy se concentran algunas de las mayores reservas del planeta.
Argentina, Bolivia y Chile integran el llamado “Triángulo del Litio”, una zona estratégica que concentra una parte sustancial de los recursos globales de este mineral. En esos ecosistemas de altura extremadamente frágiles, viven comunidades indígenas kollas, atacameñas, lickanantay, aymaras y muchas otras que hoy denuncian que la carrera global por el litio avanza sin escuchar sus voces.
La electrificación del transporte y el abandono progresivo de los combustibles fósiles son pasos necesarios para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, esa transición también demanda enormes cantidades de minerales como litio, cobre, níquel, cobalto y tierras raras.
El problema aparece cuando la solución climática de unos territorios implica nuevos impactos en otros. En los salares andinos, la extracción de litio requiere grandes volúmenes de agua y modifica sistemas hidrológicos muy delicados. Se trata de regiones áridas donde el agua sostiene la biodiversidad, la vida cotidiana, la ganadería tradicional, la agricultura comunitaria y la espiritualidad de las comunidades.
Para los pueblos indígenas, el salar no es una superficie vacía lista para explotar. Es un territorio vivo, con memoria, vínculos culturales y equilibrio ecológico.
Agua escasa, ecosistemas frágiles
Una de las principales preocupaciones tiene que ver con el uso del agua. En muchos proyectos, la extracción se realiza mediante bombeo de salmuera subterránea que luego se evapora en grandes piletones para concentrar el mineral. Aunque cada emprendimiento tiene particularidades, organizaciones sociales y comunidades alertan que estos procesos pueden alterar humedales altoandinos, vegas, lagunas y napas conectadas entre sí.
Una muestra de ello es el caso de la seca de una vega en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca. Las comunidades lo llevaron a la justicia y les dieron la razón. Esta es tan solo una de las muestras del deterioro que puede darse en el medio ambiente con este tipo de actividades.
En zonas donde las lluvias son escasas y los ciclos naturales lentos, cualquier intervención puede tener consecuencias duraderas. Por eso, para las comunidades locales, discutir litio es discutir agua. Y discutir agua en la Puna es discutir supervivencia.
Uno de los ejes centrales del conflicto no es solo ambiental, sino político y jurídico: la falta de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
Ese derecho está reconocido en normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT y en marcos constitucionales de distintos países. Implica que cualquier proyecto que pueda afectar territorios indígenas debe ser consultado de buena fe y con participación real antes de avanzar.
Sin embargo, numerosas comunidades denuncian que las consultas no existen, se hacen de manera incompleta o se reducen a instancias informativas sin capacidad de decisión.
En Argentina, por ejemplo, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc llevan años reclamando participación efectiva frente al avance minero. En Bolivia y Chile también existen cuestionamientos similares en distintas cuencas salinas.
Una voz regional llega a Naciones Unidas
En ese contexto, referentes indígenas de Argentina, Bolivia y Chile viajaron este año al 25º Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas en Nueva York, con el objetivo de visibilizar los impactos de la expansión del litio y construir una posición regional común.
La delegación está integrada por representantes y técnicos indígenas con mandato de sus comunidades, directamente afectadas por proyectos extractivos en salares y ecosistemas frágiles. Según las organizaciones, uno de los focos será cómo la expansión del litio impacta en la salud de los territorios, los ecosistemas y las comunidades, especialmente en relación al acceso al agua.
Entre los temas que llevan al Foro se destacan la denuncia de proyectos implementados sin procesos adecuados de consulta, la exigencia del cumplimiento del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado, y la defensa del agua y los salares frente al avance extractivo.
La importancia de esta presencia internacional es clara: mientras el mercado global discute baterías, inversiones y cadenas de suministro, las comunidades intentan instalar otra pregunta: ¿transición energética para quién y a qué costo?
Muchos especialistas describen lo que ocurre como una continuidad del modelo extractivista latinoamericano, ahora revestido de verde. Antes fueron plata, caucho, petróleo, soja o gas. Hoy, litio.
El patrón se repite. Territorios periféricos proveen materias primas para sostener consumos y tecnologías en otras regiones del mundo. Las ganancias suelen concentrarse lejos de los lugares donde quedan los impactos.
Eso no significa rechazar toda actividad minera de manera automática. Lo que las comunidades plantean, en muchos casos, es algo más básico: participación real, protección ambiental, respeto cultural y distribución justa de beneficios.
El debate de fondo no es solamente si extraer o no extraer litio, sino bajo qué condiciones hacerlo. Algunos puntos aparecen con fuerza en distintas propuestas. Realizar una consulta previa vinculante y transparente, estudios ambientales independientes y acumulativos, proteger de manera estricta los humedales y fuentes de agua, mantener un monitoreo comunitario, realizar una industrialización local con valor agregado, reducir el consumo excesivo de materiales, reciclar baterías y empujar la economía circular.
Porque incluso una transición energética necesita límites. Cambiar millones de autos a combustión por millones de autos eléctricos sin revisar patrones de consumo puede trasladar el problema, no resolverlo.
Lo que está en juego
El litio es presentado como recurso del futuro. Pero para muchas comunidades indígenas, lo que está en juego es el presente: el acceso al agua, la continuidad cultural, la salud del territorio y el derecho a decidir sobre sus propias tierras.
Quizás la verdadera transición no consista solo en cambiar de energía, sino también en cambiar la manera en que entendemos el desarrollo. Porque si una solución verde se construye silenciando comunidades y agotando ecosistemas frágiles, tal vez no sea una solución completa.