Los recientes cambios políticos en España han traído la iniciativa para derogar una ley controversial conocida como el “impuesto al sol”, los defensores de esta derogación aseguran que encaminan al país al uso de energías renovables.  

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Esta semana, Teresa Ribera, la nueva responsable de la inversión en energías renovables en España, marcó la pauta de lo que será su gestión: fin del llamado “impuesto al sol”, impulso a las energías renovables, negativa a prorrogar el funcionamiento de las centrales nucleares y cierre más o menos cercano de las centrales térmicas de carbón, grandes emisoras de CO2.

¿Qué implican las nuevas medidas?

En sus primeras declaraciones al frente del Ministerio de Transición Ecológica, Ribera ha sostenido que las mejoras técnicas y la reducción de costes de las fuentes renovables van a permitir que España se sitúe en “mucha mejor” posición para iniciar la transición energética.

En base a esto, apuntó que en los próximos 30 años "el consumo energético tiene que ser sumamente eficiente” y basarse en las renovables.

Además, Ribera dejó clara su intención de derogar el denominado impuesto al sol, una carga impositiva a la producción de autoconsumo doméstico con energía fotovoltaica para las instalaciones solares de más de 10 kW de potencia.

Este impuesto ha sido considerado como una de las trabas que ha impedido un mayor despegue de esta fuente renovable en el ámbito doméstico.

Contexto europeo

España no es la única buscando el uso de energías renovables, a principios de este 2018, El Parlamento Europeo abogó por no gravar el autoconsumo de renovables con impuestos "de ningún tipo". Adicionalmente, apostó por elevar el objetivo de energías renovables para la Unión Europea hasta el 35% en 2030, frente a la meta del 27% fijada en ese momento. Todo esto, en función de cumplir con los objetivo del Tratado de París.

¡Por más energías que permitan pensar que tendremos un futuro!