Solo en Sudamérica se encuentra el 40% de la biodiversidad del planeta y más de una cuarta parte de sus bosques, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esto despierta el interés de muchísimas compañías y empresas que buscan réditos económicos sin importar el costo que su explotación del ambiente genere en el mismo y en las comunidades.
A su vez, esto genera un conflicto de intereses: entre las comunidades locales, la sociedad en general, el gobierno, las empresas y las organizaciones sociales o activistas individuales. Según el último informe de la organización Global Witness, 164 activistas ambientales fueron asesinados en el 2018 y más de la mitad de los asesinatos ocurrieron en esta región, con Colombia en el primer puesto en Latinoamérica y Filipinas a nivel internacional.
En 2018, “fueron asesinadas un promedio de más de tres personas por semana, al defender sus tierras y el ambiente de la invasión de industrias como la minería, la tala y la agroindustria", destaca Global Witness.
En este contexto, nació el Acuerdo de Escazú, para los países de América Latina y el Caribe, en septiembre de 2018, que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales; es decir, solicitar al gobierno la información sobre el ambiente en general o un proyecto en particular, considerar la participación de los ciudadanos en los asuntos ambientales y reparar los daños generados por el hombre en el ambiente.
Si bien se ha firmado por 22 países (el resto lo podrá hacer hasta el 26 de septiembre de 2020), solo 8 lo han ratificado y, para que el acuerdo se ponga en vigor se necesita, como mínimo, que 11 países lo ratifiquen. Entre los que lo han firmado y no lo ratificaron se encuentran: Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, entre otros. Luego, deberá incorporarse a las leyes nacionales y crearse nuevas prácticas.
Más leyes pero sin avances sustanciales
Según el nuevo informe sobre el estado de derecho ambiental de la ONU, aunque el volumen de leyes ambientales se ha multiplicado por 38 desde 1972, “la incapacidad de aplicar y hacer cumplir plenamente las regulaciones es uno de los mayores desafíos para mitigar el cambio climático, reducir la contaminación o detener la pérdida generalizada de especies y hábitats”.
El informe advierte una tendencia preocupante: la resistencia a las leyes ambientales que ha resultado en un creciente número de casos de hostigamiento, amenazas y asesinatos de defensores del ambiente. Entre 2002 y 2013, 908 personas fueron asesinadas en 35 países, entre ellas, guardaparques, inspectores gubernamentales y activistas locales.
En este marco, el Acuerdo de Escazú es el primer documento mundial que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en temas ambientales. Entre sus puntos destacados, se encuentran: garantizar que puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad; proteger sus derechos; y prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones.
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