Hay una forma de leer la deforestación que los titulares suelen omitir. No siempre es consecuencia del avance agrícola descontrolado, la presión demográfica o la falta de regulación. A veces es una decisión deliberada de organizaciones criminales que usan el bosque como instrumento financiero. La tierra deforestada se convierte en activo, en ganadería de fachada, en pista de aterrizaje, en lavandería de dinero ilegal. El árbol que cae no es un daño colateral: es parte del negocio.
A este fenómeno se lo conoce como narcodeforestación. Y en abril de 2025, la ONU le dedicó su análisis más exhaustivo hasta la fecha.
El mecanismo: cómo el bosque se convierte en dinero sucio
Según el informe Forest Crimes: Illegal Deforestation and Logging publicado por UNODC, en Sudamérica los grupos criminales lavan las ganancias del narcotráfico a través de la especulación de tierras, el sector agropecuario y la ganadería. No se trata de una cadena simple: es un sistema en el que el dinero ilícito entra al territorio como inversión aparentemente productiva, empuja la deforestación para ampliar tierras, y sale convertido en activos legales. La convergencia de estos delitos —narcotráfico, tala ilegal, minería, tráfico de personas— agrava el impacto del crimen forestal sobre el ambiente, las comunidades locales y la estabilidad global, concluye el mismo informe.
El patrón se repite con variaciones según el territorio, pero los instrumentos son reconocibles: ganadería extensiva como fachada, apertura de caminos ilegales, quema intencional para ganar tierras, compra de predios a precios irrisorios bajo amenaza. En Colombia, donde la deforestación creció un 35% en 2024, el análisis del Ministerio de Ambiente identificó en el Caquetá una colonización dirigida con apertura de vías y creación de lotes para ganadería vinculada al lavado de activos.
En Guatemala, el mecanismo es aún más directo. En el Parque Nacional Laguna del Tigre, en Petén, los terrenos son despejados para la ganadería utilizada como fachada para el lavado de dinero y para pistas de aterrizaje clandestinas donde llegan cargamentos de cocaína. Cada pista exige talar. Cada vuelo, quemar un poco más de selva tropical. Un estudio de la Universidad Estatal de Texas calculó que entre 2000 y 2015, aproximadamente el 30% de la cobertura forestal de Petén fue destruida con este propósito.
Un problema sin pasaporte
La narcodeforestación suele asociarse casi exclusivamente con América Latina, y eso distorsiona el análisis. El fenómeno no tiene una región de origen: tiene una lógica, y esa lógica aparece donde coinciden bosques valiosos, instituciones débiles y organizaciones criminales con dinero que lavar.
En el estado de Shan, Myanmar, el mecanismo es diferente pero el resultado idéntico. Allí no se talan bosques para criar ganado de fachada: se talan directamente para plantar amapola. Según el Myanmar Opium Survey 2025 de UNODC, el cultivo de adormidera alcanzó en 2025 su nivel más alto en una década: 53.100 hectáreas, un 17% más que el año anterior. El atractivo de las ganancias del opio llevó a la tala de vastas extensiones de bosque en Shan State, con consecuencias directas sobre el agua, el suelo y el riesgo de deslizamientos durante la temporada de monzones. Las comunidades locales pagan el precio de una economía criminal que opera a escala regional pero destruye a escala local.
El caso de Guinea-Bissau, en África Occidental, añade otra capa: el crimen organizado no necesita drogas para destruir bosques. A veces los usa como primer paso, y la madera como alternativa cuando el negocio principal se complica. En 2013, cuando las autoridades reprimieron a funcionarios del sector de seguridad involucrados en el narcotráfico, incluyendo al jefe de las fuerzas armadas y al jefe de la marina, otros militares que habían estado traficando narcóticos migraron directamente al comercio de madera ilegal. El negocio cambió de forma; el daño al bosque, no. Regiones como Cacheu, Tombali, Bafatá y Quinara acumulan hoy una deforestación significativa que amenaza áreas protegidas, entre ellas el Parque Natural de las Lagunas de Cufada.
Lo que la política antidrogas no ve
Uno de los hallazgos más incómodos del informe de UNODC 2025 es que la respuesta política sigue siendo ciega a esta dimensión ambiental. El daño ambiental no es una prioridad en el diseño de las políticas antidrogas, y gran parte de los residuos y otros impactos ambientales derivados de la producción y el tráfico de sustancias ilícitas no están contabilizados.
Eso significa que cada vez que se evalúa el éxito de una operación antinarcóticos, rara vez se mide cuántos bosques quedaron atrás, cuántas hectáreas ya no van a recuperarse, cuántas toneladas de carbono se liberaron en el proceso. La métrica del crimen y la métrica del clima corren por carriles separados, aunque el daño ocurra en el mismo lugar y al mismo tiempo.
Frente a eso, UNODC, INTERPOL y el gobierno de Noruega lanzaron en noviembre de 2025 la tercera fase del programa LEAP, diseñado específicamente para desarticular las redes criminales detrás de la deforestación tropical ilegal. No es un programa nuevo: desde su lanzamiento en 2018, LEAP creció de un proyecto enfocado en la aplicación de la ley forestal a una iniciativa global con impacto estratégico y operativo. La primera fase mapeó rutas de tala y tráfico de madera; la segunda sumó investigaciones con inteligencia y coordinación transfronteriza para desmantelar redes. Las operaciones coordinadas de esa etapa expusieron empresas criminales que explotaban cientos de miles de hectáreas de bosques y generaban millones en ingresos ilícitos por año.
La tercera fase apunta más alto y más específico. Se concentrará en bosques tropicales de Brasil, Ecuador, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Perú, e incorporará la minería ilegal en la cuenca amazónica como causa mayor de deforestación a combatir. LEAP 3.0 busca además integrar tecnología en sistemas de alerta temprana y fortalecer el rastreo de flujos financieros vinculados a la deforestación y la minería ilegal, en articulación con unidades de inteligencia financiera de los países participantes. Es decir: ya no solo se persigue al que tala, sino al dinero que financia la tala.
La narcodeforestación no es un problema ambiental con consecuencias criminales. Es un problema criminal con consecuencias climáticas. Mientras esa distinción no entre en los marcos de política pública, los bosques seguirán pagando la cuenta que otros generan.