La Amazonía colombiana quedó, al menos en términos regulatorios, mucho más lejos de nuevas explotaciones de minería e hidrocarburos. El Ministerio de Ambiente de Colombia declaró de manera definitiva una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente que comprende 483.283 kilómetros cuadrados del bioma amazónico lo que equivale aproximadamente al 42% del territorio continental colombiano.
La decisión quedó establecida mediante la Resolución 0961 de 2026, expedida el 4 de agosto, apenas tres días antes de que Gustavo Petro terminara su mandato. La norma establece que en esta superficie no podrán otorgarse nuevas concesiones o autorizaciones para actividades de minería ni celebrarse nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Tampoco podrán expedirse nuevas licencias, permisos o autorizaciones ambientales para ese tipo de proyectos.
La resolución respeta los derechos adquiridos por proyectos que ya contaban con títulos, contratos, licencias o permisos vigentes. Esas actividades podrán continuar durante el período autorizado, aunque la nueva regulación impide que esos proyectos se extiendan mediante nuevas prórrogas una vez que finalicen sus permisos.
Una decisión que empezó a gestarse durante el gobierno Petro
Aunque la resolución fue firmada en los últimos días de la administración Petro, el proceso comenzó mucho antes. En septiembre de 2025, el Ministerio de Ambiente había puesto en consulta pública el proyecto para declarar al bioma amazónico como Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables. En ese momento, la propuesta contemplaba proteger alrededor de 483.164 kilómetros cuadrados.
La iniciativa también incluyó un proceso de consulta con los pueblos indígenas de la región antes de llegar a la declaración definitiva. El gobierno argumentó que la medida buscaba proteger uno de los ecosistemas estratégicos del país frente a presiones extractivas y evitar que la degradación de la selva alcance puntos difíciles o imposibles de revertir.
El Ministerio de Ambiente presentó la decisión como un cambio de paradigma en el que se pasa de considerar la Amazonía principalmente como un territorio disponible para actividades productivas a reconocerla como una infraestructura natural fundamental para el agua, la biodiversidad, la regulación climática y la vida de las comunidades que la habitan.
La propia cartera ambiental destacó que la Amazonía colombiana alberga cerca del 10% de las especies conocidas del planeta y que la reserva fortalece la protección de más del 80% de la cobertura boscosa del bioma amazónico colombiano.
¿Qué territorio queda protegido?
La reserva abarca completamente los departamentos amazónicos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, además de sectores de Meta, Vichada, Cauca y Nariño.
El territorio representa cerca del 7% de toda la Amazonía sudamericana y comprende 61 municipios. Según el Ministerio de Ambiente, aproximadamente el 22,9% del bioma ya forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, mientras que cerca del 55% corresponde a resguardos indígenas.
Eso significa que la nueva reserva no parte de un territorio sin protección. Por el contrario, se superpone con distintas figuras de conservación y territorios indígenas y busca sumar una barrera frente a nuevas actividades extractivas de gran escala.
El objetivo es particularmente relevante en una región donde se cruzan algunos de los principales desafíos ambientales de Colombia como la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la presión sobre los recursos hídricos, la expansión de actividades productivas y el cambio climático.
¿Qué pasa con las empresas que ya operan?
Uno de los puntos centrales de la resolución es la diferencia entre nuevos proyectos y actividades existentes.
La medida no implica que todas las operaciones mineras o petroleras actualmente activas tengan que cerrar de inmediato. Los proyectos que cuentan con derechos adquiridos y permisos vigentes pueden continuar de acuerdo con las condiciones establecidas.
Sin embargo, la nueva reserva establece una barrera para que puedan extenderse mediante nuevas autorizaciones o prórrogas.
En otras palabras, el cambio busca evitar que la Amazonía colombiana incorpore nuevas fronteras extractivas y, al mismo tiempo, establece una transición para aquellas actividades que ya estaban legalmente autorizadas.
La dimensión política de la decisión quedó marcada por el momento elegido para su entrada en vigencia.
La resolución fue expedida durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro, cuya política ambiental había colocado la protección de la Amazonía y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles entre sus principales banderas.
El 7 de agosto, apenas tres días después de la resolución, Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia para el período 2026-2030.
La nueva administración recibió así una decisión ambiental ya formalizada, que limita la posibilidad de abrir nuevas áreas amazónicas a la minería y a la exploración y explotación de hidrocarburos.
El contexto cambió todavía más pocos días después. El 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 golpeó el occidente de Colombia y se convirtió en la primera gran crisis del nuevo gobierno. El desastre desplazó buena parte de la discusión pública hacia la emergencia y la reconstrucción.
Pero el cambio de gobierno no elimina la relevancia de la resolución. La discusión sobre qué hacer con los recursos amazónicos seguirá siendo uno de los desafíos ambientales y económicos de la nueva administración.
Una disputa entre conservación y extractivismo
La nueva reserva también plantea una discusión que va más allá de Colombia. La Amazonía es compartida por ocho países y cumple funciones que exceden ampliamente las fronteras nacionales. Es un espacio que regula ciclos de agua, almacena carbono, alberga una enorme diversidad biológica y sostiene a cientos de comunidades indígenas y rurales.
Desde el gobierno de Petro, la medida fue presentada como una señal internacional. Colombia se convirtió, según el Ministerio de Ambiente, en el primer país amazónico en declarar la totalidad de su bioma amazónico como zona libre de nuevas actividades de gran minería e hidrocarburos.
La decisión, sin embargo, no significa que las presiones sobre el territorio desaparezcan. La minería ilegal, la deforestación, la expansión de la frontera agropecuaria y las actividades económicas que ya existen en la región continúan planteando desafíos.
Tampoco resuelve por sí sola la tensión entre conservación y desarrollo económico. Para muchas comunidades amazónicas, especialmente aquellas que dependen de actividades extractivas, la transición hacia otros modelos productivos requiere alternativas concretas de empleo, infraestructura y generación de ingresos.
La medida deja, entonces, una pregunta… ¿Podrá el nuevo gobierno mantener el blindaje frente a nuevas explotaciones o buscará modificar el rumbo?
Por ahora, la protección quedó escrita en una resolución que abarca casi la mitad del territorio continental colombiano. Y aunque fue una de las últimas decisiones ambientales del gobierno de Petro, sus efectos políticos y ambientales podrían extenderse mucho más allá de su mandato.