El fenómeno de El Niño vuelve a poner a prueba la capacidad de los gobiernos latinoamericanos para prepararse frente a eventos climáticos extremos. Con medidas que van desde la limpieza de cauces y la construcción de infraestructura hasta el ahorro de agua y energía, los países de la región buscan reducir los riesgos para la población, la producción agropecuaria y los servicios esenciales.

Pero entre los planes anunciados y su implementación persiste una brecha. Aunque existen iniciativas en distintos países, la ejecución insuficiente de infraestructura y las dificultades presupuestarias constituyen algunos de los principales obstáculos para la prevención.

Perú: emergencias declaradas y obras que no avanzan al ritmo necesario

El país acumula medidas de emergencia y partidas presupuestarias destinadas a enfrentar los riesgos asociados a El Niño. El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en 893 distritos de más de 20 regiones, mediante el Decreto Supremo 124-2026-PCM. También dispuso medidas para otros 796 distritos y, el 11 de octubre, declaró la emergencia en 17 regiones ante el riesgo de déficit hídrico.

A través del Decreto de Urgencia 008-2026, el Ejecutivo estableció medidas extraordinarias, como un plan de 140 millones de soles para limpiar ríos en Piura, con intervenciones en 60 puntos críticos, además de la distribución de 225.000 dosis contra el dengue. También se destinarán 4.200 millones de soles a distintas intervenciones y trabajos de limpieza de cauces en 75 puntos críticos.

Sin embargo, el principal problema es la ejecución es que de 17 proyectos de infraestructura natural, 16 todavía no cuentan con sus expedientes técnicos terminados. Las 12 obras prioritarias de la Autoridad Nacional de Infraestructura requerían 2.255 millones de soles, mientras que las defensas ribereñas previstas para 44 kilómetros en Lambayeque seguían sin presupuesto.

La protección de Lima frente a inundaciones registraba apenas un 3,7% de avance. Además, solo el 17% de los puntos críticos tenía intervenciones en ejecución. El caso peruano expone una de las principales contradicciones de la preparación regional: la existencia de planes y recursos anunciados no garantiza que las obras estén terminadas antes de la llegada de los eventos extremos.

Ecuador: prioridad nacional, alerta roja y antecedentes de incumplimiento

El gobierno declaró la prevención y la respuesta frente a El Niño como una prioridad nacional mediante el Decreto Ejecutivo 485, del 31 de agosto. También estableció una alerta roja nacional y asignó 650 millones de dólares para afrontar la emergencia.

A pesar de estas medidas, el país enfrenta cuestionamientos por la falta de ejecución de iniciativas anteriores. El plan de prevención de El Niño elaborado en 2023 no se había concretado, según la información recopilada. A esto se suman los retrasos de distintos municipios en la preparación de sus propios planes.

La situación pone el foco en la capacidad de transformar las decisiones administrativas y los recursos disponibles en intervenciones efectivas. La experiencia previa también plantea interrogantes sobre la coordinación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales.

Colombia: desastre nacional y fondos para la gestión del riesgo

El gobierno de Abelardo de la Espriella declaró el desastre nacional durante 12 meses mediante el Decreto 0802 de 2026. La norma estableció un plan de acción y un fondo bajo la órbita de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el gobierno trasladó cuatro billones de pesos a ese organismo.

Entre las iniciativas vinculadas con la respuesta energética figuran el Plan Energía YA y el Decreto 1491, del 6 de octubre, destinado a respaldar la generación térmica. También se habían planteado proyectos de paneles solares para hogares de bajos ingresos y la instalación de plantas desalinizadoras.

Sin embargo, las desalinizadoras previstas para Santa Marta fueron descartadas el 25 de septiembre por no ser técnicamente viables. Los 786.000 millones de pesos previstos para ese proyecto serían destinados a una alternativa que todavía no estaría definida.

El proyecto de paneles solares también recibió críticas por su falta de ejecución. En paralelo, el Consejo Gremial advirtió que la subasta energética no alcanzaría para cubrir el período crítico. Así, la preparación colombiana combina instrumentos de emergencia y recursos asignados con incertidumbres sobre la concreción de algunas soluciones previstas.

Brasil: refuerzo presupuestario y una estrategia contra los incendios

El país más grande de Latinoamérica anunció un refuerzo presupuestario de 1.335 millones de reales para responder a los riesgos asociados al fenómeno climático. De ese conjunto de medidas, 850 millones de reales se destinarían a reservas de arroz y maíz, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta frente a posibles alteraciones en la producción y el abastecimiento.

El Gobierno también puso en marcha una Sala de Situación con participación de 24 ministerios y ocho centros de salud y clima. En materia de prevención de incendios, el país desplegó más de 4.600 efectivos federales.

La respuesta, no obstante, convive con dificultades presupuestarias. En 2026 se bloquearon 461,7 millones de reales del seguro rural, una herramienta relevante para el sector agropecuario. Además, el ministro del Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, otorgó un plazo de diez días al Gobierno y los estados amazónicos para que informaran sobre sus planes de prevención y combate de incendios.

Argentina: un plan federal con cuestionamientos por el presupuesto

El país que lidera Javier Milei estableció en julio de este año, el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 mediante la Resolución 559/2026, a cargo de la Agencia Federal de Emergencias. Su alcance inicial comprendía siete provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En paralelo, Vialidad Nacional lleva adelante tareas de limpieza de desagües y protección de puentes en nueve provincias. La administración de la ciudad de Buenos Aires informó 64 obras en la red pluvial e impulsó una emergencia hídrica por 12 meses. Mientras que la provincia de Buenos Aires cuenta con un plan de 2,1 billones de pesos.

Pese a estas iniciativas, el plan federal recibió cuestionamientos porque no cuenta con un presupuesto propio asignado, según . También se señaló que el Instituto Nacional del Agua (INA) perdió su autarquía y redujo su personal un 35%.

Las dificultades de ejecución alcanzan a obras de infraestructura. El fideicomiso hídrico recaudó 375.400 millones de pesos entre 2024 y mayo de 2026, pero ejecutó 116.000 millones. A su vez, distintas etapas de las obras de la cuenca del Salado permanecieron paralizadas durante más de dos años, mientras que cerca de 700 obras de servicios en barrios populares estaban detenidas.

El desafío argentino no se limita, entonces, a contar con un esquema de coordinación federal: también implica garantizar recursos, capacidad técnica y continuidad para las intervenciones necesarias.

Chile: coordinación preventiva y medidas en diez regiones

Se puso en marcha un plan preventivo coordinado entre el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y los municipios, con foco en zonas comprendidas entre Coquimbo y Biobío.

Además, se informó una emergencia preventiva entre el 14 y el 21 de julio en diez regiones.

Sin embargo, la disponibilidad de agua sigue siendo un problema estructural. Las advertencias recogidas señalan que un aumento de las precipitaciones no resolvería por sí solo la mega sequía que afecta al país. La planificación debe contemplar, por lo tanto, los riesgos de lluvias intensas como los déficits hídricos persistentes.

Uruguay: protocolos adaptados y coordinación con las intendencias

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) trabaja en la adaptación de sus protocolos ante los posibles impactos del fenómeno climático. También se está elaborando un plan de contingencia a los intendentes y se habilitó información oficial específica sobre El Niño.

La coordinación entre los organismos nacionales y los gobiernos departamentales aparece como una de las herramientas centrales para anticipar riesgos y organizar la respuesta ante eventuales emergencias.

Paraguay: insumos, limpieza de cauces y recursos para la emergencia

Gran parte de sus acciones se concentra en la preparación operativa. La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) almacena insumos y puso en funcionamiento un buque propio, mientras que las Fuerzas Armadas participan en tareas de limpieza de cauces hídricos.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) también activó un plan de contingencia. Estas medidas buscan reforzar la capacidad de respuesta de los organismos públicos ante posibles eventos extremos.

Se estima que alrededor de 250.000 personas podrían resultar afectadas.

Bolivia: anuncios oficiales bajo cuestionamiento

Se anunció la preparación de un decreto supremo y la activación del Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (Conarade). Ya en diciembre de 2025, el Gobierno había anunciado un gabinete de crisis.

El país figura entre los casos más cuestionados por la falta de planificación preventiva concreta. El 6 de agosto, el medio Emol informó que no existía un plan específico de prevención y diversos especialistas reclamaron una estrategia nacional de contingencia. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) señaló falencias técnicas y operativas en el Plan de Prevención de Incendios 2026.

La principal incertidumbre está en la distancia entre los anuncios y la existencia de una estrategia integral, con medidas definidas y capacidad de implementación.

Venezuela: ahorro de agua y energía frente a un sistema exigido

Las medidas comunicadas apuntan principalmente a reducir el consumo energético y de agua. El Gobierno pidió a la población ahorrar ambos recursos, dispuso apagar los ascensores durante tres horas diarias en oficinas y centros comerciales y estableció horarios reducidos en ministerios.

También prometió recuperar hasta 4.800 megavatios de capacidad eléctrica antes de fin de año.

Sin embargo, las dificultades del sistema eléctrico siguen siendo importantes. Según varias fuentes periodísticas, los cortes de luz alcanzaban hasta diez horas diarias, mientras que la promesa de recuperar capacidad genera escepticismo por incumplimientos anteriores.

La situación muestra que la preparación frente a los efectos climáticos también depende de la capacidad de sostener servicios básicos y reducir vulnerabilidades preexistentes.

México: alertas tempranas, planes de emergencia y gestión del agua

El país que preside Claudia Sheinbaum cuenta con herramientas de respuesta que incluyen alertas por teléfono celular y la activación de los planes DN-III y Marina, destinados a organizar la intervención de las fuerzas federales ante emergencias.

También se informaron trabajos de dragado de ríos y presas, limpieza de cauces y el Programa Nacional Hídrico 2026-2030. Estas iniciativas buscan mejorar la gestión del agua y reforzar la capacidad de respuesta ante escenarios de sequía e inundaciones.

Panamá: emergencia nacional y restricciones en el Canal

Se declaró una emergencia nacional con acciones especiales y mecanismos de contratación pública que se extendían hasta el 30 de junio de 2027.

La sequía también impactó en la operación del Canal de Panamá, que redujo de 36 a 32 la cantidad de tránsitos diarios. La restricción refleja cómo los déficits hídricos pueden afectar no solo el abastecimiento de agua, sino también la actividad económica y el comercio internacional.

El desafío consiste en gestionar un recurso estratégico bajo condiciones climáticas adversas y sostener la operación de una infraestructura central para la economía del país.

El Salvador: alerta roja ante la sequía

El 25 de agosto de este año, se declaró una alerta roja nacional por sequía. La medida representa una señal de respuesta institucional ante el riesgo de escasez de agua y sus posibles consecuencias sobre la población y la producción.

El país registró en agosto de 2026 el mes más seco de su historia desde que iniciaron las mediciones oficiales en 1971, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente.

Honduras: fondos para municipios y seguridad alimentaria

Se informó un plan de 62 millones de lempiras para 75 municipios y el 19 de agosto aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-016-2026, con un plan de seguridad alimentaria frente a la sequía.

A pesar de estas medidas, la alerta roja se amplió a 103 municipios, una señal de la extensión territorial del riesgo identificado por las autoridades.

Guatemala: reservas de granos y tratamiento de suelos

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) impulsan medidas relacionadas con la seguridad alimentaria y la protección de la producción agrícola.

Entre las acciones informadas figuran las reservas de granos básicos y un programa de tratamiento de suelos para el Corredor Seco, una región particularmente expuesta a las dificultades asociadas con la disponibilidad de agua.

Costa Rica: más de 200 medidas en un plan de contingencia

El país elaboró un plan nacional de contingencia que contempla más de 200 medidas para afrontar los posibles impactos del fenómeno climático.

Bajo el lema “Costa Rica se prepara unida para enfrentar El Niño”, la campaña busca articular una respuesta coordinada a nivel nacional. El plan contempla una inversión oficial de más de ₡82 mil millones (USD 180 millones) distribuida en cinco ejes prioritarios, encabezados por el sector productivo mediante acciones para fortalecer la resiliencia agrícola, ganadera y pesquera.

Las autoridades apelaron a la responsabilidad individual y comunitaria, promoviendo el uso responsable del agua y la energía, la prevención de incendios y la preparación familiar, e informaron sobre la habilitación del portal digital enoscr.cr.go.cr para el seguimiento en tiempo real del fenómeno.

República Dominicana: un plan para ciclones y sequía

Existe un plan de contingencia de enfoque dual, diseñado para responder tanto a los ciclones como a los períodos de sequía.

Esta estrategia contempla dos amenazas que requieren respuestas diferentes: por un lado, los eventos que pueden provocar lluvias intensas, inundaciones y daños materiales; por otro, los déficits hídricos que afectan el abastecimiento y las actividades productivas.

Por otro lado, para optimizar los sistemas de riego, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) puso en marcha la rehabilitación de infraestructuras clave, como el canal Horacio Vásquez. De manera simultánea, las autoridades iniciaron un racionamiento preventivo del recurso hídrico con el fin de mitigar los bajos niveles en embalses y presas.

También, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene un monitoreo constante debido a que la sequía incrementa de forma considerable el riesgo de incendios forestales. No obstante, las mismas condiciones de El Niño generaron una alta cizalladura del viento en el Atlántico, lo que terminó atenuando la formación de huracanes de gran intensidad durante el año.

Nicaragua: un plan de contingencia sin declaración de alerta

El país cuenta con un plan de contingencia del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) y del Ministerio Agropecuario (MAGFOR).

Pese a ello, Nicaragua figura entre los casos cuestionados por la respuesta oficial. Un experto independiente sostuvo que Nicaragua debería haber declarado una alerta, como lo hicieron otros países de Centroamérica. Además, no se encontró una declaración de emergencia específica para el sector ganadero.

La existencia de un plan no despeja, por lo tanto, los interrogantes sobre el nivel de alerta, la anticipación de las medidas y la protección de las actividades productivas expuestas a los efectos de la sequía.

Una región con planes anunciados y desafíos de ejecución

El panorama regional muestra que los gobiernos latinoamericanos están recurriendo a decretos de emergencia, planes de contingencia, fondos extraordinarios y medidas para proteger los recursos hídricos, la producción agropecuaria y los servicios básicos. Sin embargo, son notorias las dificultades para completar obras, garantizar presupuestos y sostener la capacidad operativa de los organismos públicos.

Perú presenta una brecha marcada entre las medidas anunciadas y la ejecución de infraestructura. Argentina enfrenta cuestionamientos por la falta de presupuesto propio para su plan federal y por la baja ejecución de recursos de su fideicomiso hídrico. Ecuador arrastra compromisos anteriores sin concretar, mientras que Bolivia y Nicaragua son señalados por debilidades en la planificación preventiva.

La prevención no se mide únicamente por la cantidad de decretos, planes o fondos anunciados. También requiere obras terminadas, presupuestos ejecutados, organismos con capacidad técnica y coordinación entre los distintos niveles del Estado.

Frente a un fenómeno climático que puede afectar simultáneamente el agua, los alimentos, la energía y la infraestructura, anticiparse exige que las decisiones se traduzcan en acciones concretas antes de que llegue la emergencia.