Al menos 124 defensores de la tierra y el medioambiente fueron asesinados en todo el mundo durante 2025, según un informe de Global Witness. De ese total, 105 casos ocurrieron en América Latina, una región que concentró el 85% de las muertes registradas.
El informe, difundido el 16 de septiembre, muestra que los conflictos por la tierra y los recursos naturales continúan exponiendo especialmente a pueblos indígenas, pequeños agricultores y comunidades que buscan proteger sus territorios frente a actividades como la minería, la tala, la agroindustria y otros proyectos de desarrollo.
Los defensores ambientales son personas que trabajan para proteger sus tierras, los recursos naturales y sus comunidades. Entre otras tareas, pueden documentar daños ambientales, organizar a sus comunidades o participar en patrullajes territoriales. En muchos casos, sus acciones se desarrollan en zonas donde también existen disputas por el control de los recursos y presencia de organizaciones criminales.
Colombia volvió a encabezar la lista
Por cuarto año consecutivo, Colombia fue el país con mayor cantidad de asesinatos de defensores ambientales, con 39 casos registrados en 2025. Brasil ocupó el segundo lugar, con 26, mientras que Honduras registró 12.
En conjunto, Colombia y Brasil concentraron el 52% de todos los asesinatos documentados a nivel mundial.
En Colombia, casi la mitad de los defensores asesinados eran indígenas y otros 15 eran pequeños agricultores. Además, 35 de las muertes estuvieron vinculadas con conflictos por la tierra. Global Witness identificó presuntos vínculos con el crimen organizado en 17 casos y con sicarios en otros cinco.
Uno de los territorios más afectados fue el departamento del Cauca, donde ocurrieron 13 asesinatos durante 2025. Entre las víctimas hubo cuatro integrantes de la Guardia Indígena, grupos organizados por las propias comunidades para patrullar y proteger sus territorios.
Desde 2012, Global Witness documentó 171 asesinatos de defensores en el Cauca, más que en cualquier otro departamento colombiano.
La ubicación de la región también es relevante. El Cauca se encuentra cerca de la frontera con Ecuador y de rutas de tráfico del Pacífico, lo que lo convirtió en un territorio estratégico para grupos armados involucrados en el comercio de cocaína.
Astrid Torres, coordinadora de la organización colombiana Somos Defensores, explicó que las autoridades indígenas pueden enfrentarse con grupos armados que buscan controlar el territorio para el narcotráfico y otras actividades ilegales.
Brasil duplicó los asesinatos
Mientras Colombia registró una disminución respecto del año anterior, pasó de 48 asesinatos en 2024 a 39 en 2025, Brasil experimentó un fuerte incremento.
El país pasó de 12 asesinatos en 2024 a 26 en 2025, más del doble en apenas un año.
De las personas asesinadas, 11 eran pequeños agricultores y siete eran indígenas. La mayoría de los casos estuvo relacionada con reclamos por el reconocimiento de territorios ancestrales o con demandas de reforma agraria.
La mitad de los asesinatos se concentró en los estados amazónicos de Rondônia y Pará, donde los conflictos territoriales están vinculados con actividades como la tala y la minería ilegales, la ganadería y la expansión agrícola.
El aumento se produjo después de la COP30, realizada en Belém, donde Brasil había anunciado compromisos vinculados con los derechos territoriales indígenas. Durante la cumbre, el gobierno anunció la titulación de 10 territorios indígenas, aunque cientos de solicitudes todavía permanecen pendientes.
El Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil sostuvo que reducir la violencia contra estas comunidades requiere garantizar la seguridad de sus territorios, combatir las invasiones y las actividades ilegales y responsabilizar a quienes cometen delitos.
Según el ministerio, el gobierno reanudó la demarcación de tierras indígenas y realizó operaciones para expulsar a personas ajenas de 12 territorios, medidas que, de acuerdo con su respuesta, beneficiaron a más de 67.000 indígenas.
La mayoría de las víctimas pertenecía a comunidades vulnerables
El informe muestra además quiénes están siendo asesinados.
Más de tres cuartas partes de las víctimas registradas en 2025 eran indígenas, pequeños agricultores o personas afrodescendientes. Entre ellas había 47 pequeños agricultores y 44 indígenas. Siete de las víctimas indígenas formaban parte de sistemas de guardias comunitarias creados para proteger sus territorios.
Los conflictos por la tierra aparecen como el principal factor asociado a los asesinatos: estuvieron relacionados con 84 muertes, más de la mitad del total mundial.
También se identificaron vínculos con actividades extractivas y productivas. La minería y otras industrias extractivas estuvieron asociadas con 11 asesinatos, la tala con ocho y la agroindustria con seis.
A esto se suma la presencia del crimen organizado. Global Witness sospecha que organizaciones criminales y sicarios estuvieron involucrados en más de un tercio de los asesinatos registrados durante el año.
Aunque las cifras muestran una reducción global por segundo año consecutivo, Global Witness advierte que ese descenso no implica necesariamente que los defensores ambientales estén más protegidos.
La organización señala que existe un subregistro importante de asesinatos, por lo que los datos no necesariamente reflejan la totalidad de los casos.
En 2024 se habían documentado 142 asesinatos y cuatro desapariciones, mientras que en 2023 la cifra había alcanzado los 196 asesinatos. Pero la evolución fue diferente según cada país.
Además de Colombia, México también registró una reducción, de 19 asesinatos en 2024 a 10 en 2025. En contraste, Honduras duplicó sus casos hasta llegar a 12.
Desde que comenzó su seguimiento en 2012, Global Witness documentó 2.375 asesinatos y desapariciones de defensores de la tierra y el medioambiente. Para construir esta base de datos, la organización trabaja con más de 30 organizaciones en más de 20 países y contrasta los casos con distintas fuentes, entre ellas informes periodísticos y registros judiciales.
El problema también alcanza a otras regiones
Los asesinatos documentados en 2025 ocurrieron en 15 países.
Fuera de América Latina, Asia concentró el 12% del total mundial. Filipinas registró 12 asesinatos, la cifra más elevada fuera de América Latina. El informe señala que en cinco de esos casos se sospecha de la participación de militares durante operaciones de contrainsurgencia.
También se documentaron asesinatos en India, Indonesia, Turquía, Ecuador, Nicaragua y Francia.
En África se verificaron tres casos: dos en Tanzania y uno en la República Democrática del Congo. Global Witness advierte que en esa región los conflictos armados, las restricciones a la sociedad civil y la inseguridad dificultan especialmente la documentación de los ataques.
En el Congo, el periodista Fiston Wilondja Mazambi fue encontrado muerto en Bukavu después de investigar una presunta extracción ilegal de oro vinculada con el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda. Desde 2012, Global Witness ha registrado 79 asesinatos de defensores en el Congo, la cifra más alta documentada por la organización en África.
Frente a estas amenazas, el informe también pone el foco en las estrategias de protección desarrolladas por las propias comunidades.
Entre ellas aparecen patrullas territoriales, sistemas de alerta temprana y redes comunitarias de vigilancia, mecanismos mediante los cuales los pueblos indígenas buscan responder a amenazas que, según el informe, los gobiernos muchas veces no han logrado contener.
En Perú, donde fueron asesinados cuatro defensores durante 2025, Global Witness destaca el trabajo de la Guardia Indígena Kakataibo, cuyos integrantes patrullan una zona de la Amazonia amenazada por el cultivo ilegal de coca y el crimen organizado.
La protección del territorio, en estos casos, implica también proteger los recursos naturales y las condiciones ambientales de las comunidades. Pero quienes realizan esa tarea continúan enfrentando riesgos graves.
El caso latinoamericano expuesto por el informe muestra así una relación estrecha entre conflictos territoriales, explotación de recursos naturales, crimen organizado y violencia contra quienes defienden el ambiente. Y aunque el número global de asesinatos registrados cayó durante 2025, los datos de Global Witness muestran que las personas que protegen bosques, tierras, ríos y territorios ancestrales siguen enfrentando una situación especialmente vulnerable.