Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, una fecha instalada en 2004 por la Red Alerta contra el Desierto Verde en Brasil, coincidiendo con el Día del Árbol de ese país. La elección no fue casual: buscaba tensionar justamente la idea de que plantar árboles equivale, sin más, a cuidar el ambiente.

Un monocultivo forestal industrial es una plantación de una sola especie, casi siempre exótica y de crecimiento rápido —pino, eucalipto, palma aceitera, acacia—, gestionada con el mismo criterio que un cultivo agrícola: densidad máxima por hectárea, ciclos de tala programados, uso de agroquímicos y un único destino comercial, que suele ser la industria de la celulosa, el papel o la madera. No es un bosque. Un bosque nativo es un ecosistema con estratos, biodiversidad asociada y regulación hídrica propia. Una plantación es, en términos funcionales, un cultivo con corteza.

Esa distinción es la que sostiene el concepto de "desierto verde", acuñado por los movimientos que impulsan esta fecha. Describe paisajes que a simple vista parecen forestados pero que funcionan como vacíos ecológicos: al maximizarse la densidad de árboles por hectárea, la luz no llega al suelo, no se desarrolla sotobosque y la fauna nativa pierde alimento y refugio. A eso se suma el consumo intensivo de agua subterránea de especies como el eucalipto, que afecta el caudal de arroyos y vertientes en las zonas donde se expande, y una mayor vulnerabilidad al fuego: pino y eucalipto son especies descritas como pirofíticas, evolucionadas en regiones donde el fuego es parte del ciclo natural, con resinas y aceites que intensifican los incendios cuando ocurren.


¿Cómo están los monocultivos en Sudamérica?

La escala del modelo en Sudamérica no es marginal. Según registros del sector forestal, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay suman en conjunto unos 16,8 millones de hectáreas de plantaciones, con Brasil concentrando cerca del 67% y Chile un 19%. En Chile, esas plantaciones —más de tres millones de hectáreas según datos de CONAF— convirtieron al país en el segundo productor de celulosa de la región, mientras la comunidad científica pide desde hace años que la industria forestal pase por evaluación de impacto ambiental, algo que hoy no ocurre de forma sistemática.

En Uruguay el fenómeno tiene otra magnitud: la celulosa fue en 2024, por primera vez, el principal producto de exportación del país, por delante de la carne, con ingresos superiores a los 2.500 millones de dólares. Detrás de esa cifra hay 1,1 millones de hectáreas de eucalipto y pino, cerca del 6% del territorio nacional, y dos plantas de celulosa —de UPM y Montes del Plata— que sostienen buena parte de esa economía. El gobierno uruguayo ya proyecta ampliar la superficie forestada un 20% respecto de 2020, con la mira puesta en 1,8 millones de hectáreas para 2050.

Argentina concentra su modelo forestal en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y el Delta del Paraná, con 1,3 millones de hectáreas totales. Corrientes es, dentro de ese mapa, el caso más documentado: más de 516.000 hectáreas bajo monocultivo de especies exóticas, avanzando sobre humedales, pastizales y palmares nativos. En mayo de 2026 el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza —un tribunal ético impulsado por organizaciones de la sociedad civil, sin carácter vinculante ni estatal— concluyó que ese modelo provocó un proceso de "ecocidio" sobre los ecosistemas y las comunidades rurales de la provincia. No es un fallo judicial, pero sí es un antecedente que documenta con detalle un patrón que se repite: alteración de cursos de agua, pérdida de biodiversidad y desplazamiento de poblaciones campesinas e indígenas.

Ahí aparece la tensión central de esta fecha. Buena parte de estas plantaciones opera bajo sellos de certificación como el FSC, pensados para garantizar manejo sostenible, y en los últimos años se suman a esquemas de mercados de carbono que las presentan como aliadas climáticas. Los movimientos que impulsan el 21 de septiembre cuestionan exactamente esa combinación: un modelo que se financia y se legitima con el lenguaje de la sostenibilidad mientras reproduce, a escala industrial, varios de los mismos problemas que se le atribuyen a la deforestación.