La administración de Donald Trump dio un nuevo paso en su estrategia para desmantelar las políticas ambientales de Estados Unidos. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) eliminó las restricciones federales que obligaban a determinadas centrales eléctricas de carbón y gas a reducir sus emisiones de dióxido de carbono, una decisión que revierte una de las principales medidas climáticas impulsadas durante el Gobierno de Joe Biden.
El anuncio se realizó el lunes 14 de septiembre en Houston, Texas, durante una reunión de ministros de Energía del G20. La medida forma parte de un proceso más amplio de desregulación con el que la Casa Blanca busca favorecer el uso de combustibles fósiles y reducir las exigencias que, según sus funcionarios, obstaculizan el crecimiento de la industria energética.
Para la EPA, las normas eliminadas imponían costos excesivos a las empresas generadoras y dificultaban la expansión de la oferta eléctrica. La agencia, dirigida por Lee Zeldin, sostiene que el cambio permitirá ahorrar hasta US$ 310.000 millones, abaratar el suministro de electricidad y aprovechar con mayor libertad los recursos energéticos del país.
Pero el anuncio provocó una fuerte reacción entre las organizaciones de defensa del ambiente. Sus representantes consideran que la decisión debilita los controles sobre uno de los sectores que más contribuyen al calentamiento global y podría traducirse en un aumento de las emisiones contaminantes. También anticiparon que recurrirán a los tribunales para intentar frenar la medida.
Una marcha atrás con consecuencias climáticas
Las regulaciones anuladas habían sido aprobadas en 2024, durante la presidencia de Joe Biden. Su objetivo era reducir la contaminación climática de las centrales eléctricas mediante exigencias tecnológicas y operativas que afectaban especialmente a las plantas de carbón y a las nuevas instalaciones alimentadas con gas natural.
Entre las alternativas previstas figuraba la incorporación de sistemas de captura de carbono. En determinadas centrales, las reglas contemplaban que se capturara hasta el 90% del dióxido de carbono generado, o que las instalaciones adoptaran otras estrategias capaces de alcanzar reducciones equivalentes.
La EPA de Biden calculaba que el conjunto de las medidas permitiría recortar en un 75% las emisiones de carbono del sector eléctrico respecto del máximo registrado en 2005. Las proyecciones oficiales también señalaban beneficios importantes para la salud: se estimaba que las normas evitarían unas 1.200 muertes prematuras en 2035 y generarían alrededor de US$ 120.000 millones en beneficios sanitarios acumulados hasta 2047.
Otros análisis citados por agencias de noticias habían proyectado un impacto todavía mayor a largo plazo, con la posibilidad de evitar decenas de miles de muertes y reducir los costos asociados a la contaminación atmosférica.
La eliminación de las restricciones no significa que desaparezcan todas las regulaciones aplicables a las centrales eléctricas. Seguirán existiendo normas para controlar sustancias peligrosas como el mercurio, el arsénico y el plomo, aunque varias de esas protecciones también fueron debilitadas durante la actual administración. La diferencia central es que las plantas dejarán de estar sujetas a los límites climáticos establecidos por la normativa de Biden.
La EPA cuestiona la base científica de las regulaciones
La ofensiva contra las normas de emisiones se apoya en una decisión adoptada por la EPA en febrero de 2026 de revocar la denominada Determinación de Peligro, una conclusión científica de 2009 que establecía que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero representaban una amenaza para la salud pública.
Ese pronunciamiento había servido como fundamento para que la agencia ejerciera su autoridad regulatoria sobre las emisiones climáticas. Al retirarlo, el Gobierno de Trump busca sostener que la EPA carece de una base suficiente para imponer restricciones a las centrales eléctricas.
La administración también argumenta que las exigencias aprobadas por Biden eran técnicamente difíciles de cumplir, demasiado costosas y perjudiciales para la continuidad de las plantas de carbón. Zeldin ha acusado a los gobiernos demócratas de impulsar una política destinada a reducir el uso de ese combustible hasta hacerlo desaparecer del sistema energético estadounidense.
Sin embargo, la controversia no se limita al costo de las regulaciones. La nueva postura de la EPA podría tener consecuencias para el futuro de la política climática del país. Si los tribunales aceptan el argumento de que estos gases no constituyen un peligro regulable, futuras administraciones podrían encontrar mayores obstáculos para establecer límites a sus emisiones.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó la decisión de “catastrófica” y anunció que tomará medidas legales para defender las protecciones ambientales. También se espera que otros estados y grupos ecologistas presenten impugnaciones.
Carbón, electricidad y una disputa por los costos
El Gobierno de Trump sostiene que la recuperación del carbón y la flexibilización de las normas permitirán responder al aumento de la demanda eléctrica. Estados Unidos necesita más energía para abastecer a los centros de datos, la industria y los procesos de electrificación, y la Casa Blanca considera que las centrales de combustibles fósiles pueden contribuir a garantizar la estabilidad de la red.
La administración ya había tomado otras decisiones en esa dirección. Ordenó que algunas centrales de carbón antiguas continuaran operando más allá de las fechas previstas para su cierre y anunció fondos federales para apoyar la construcción de nuevas plantas con tecnología de captura de carbono.
Pero la promesa de una electricidad más barata es discutida. Algunos especialistas sostienen que la generación a carbón puede resultar más costosa que la producida con gas natural o fuentes renovables, por lo que un mayor uso de ese combustible no necesariamente se traducirá en facturas más bajas para los consumidores.
Además, la incertidumbre legal puede complicar las decisiones de las empresas eléctricas. Carrie Jenks, directora ejecutiva del Programa de Derecho Ambiental y Energético de la Facultad de Derecho de Harvard, señaló que las compañías deberán evaluar distintos escenarios ante la posibilidad de que las nuevas disposiciones sean impugnadas.
La decisión de la EPA se inscribe en una agenda más amplia de Donald Trump, quien ha cuestionado reiteradamente la gravedad del cambio climático y defendido el predominio de los combustibles fósiles. Durante su actual mandato, el Gobierno también avanzó contra las regulaciones de emisiones de los vehículos y flexibilizó controles vinculados con productos químicos utilizados en sistemas de refrigeración.
En 2025, Trump describió el cambio climático como una de las mayores estafas de la historia y volvió a retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, el pacto internacional que busca limitar el aumento de la temperatura del planeta.
La nueva medida llega, además, después de un verano marcado por temperaturas extremas, incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos severos en Estados Unidos. Organizaciones ambientalistas consideran que desactivar los límites a las emisiones de las centrales eléctricas en este contexto implica ignorar los riesgos de un planeta cada vez más cálido.
Para sus detractores, el retroceso regulatorio no solo amenaza los avances alcanzados en la reducción de gases de efecto invernadero. También puede prolongar la dependencia del carbón, el combustible fósil con mayor intensidad de emisiones, y dificultar la transición hacia un sistema energético menos contaminante.
Con esta derogación, la administración Trump profundiza su giro energético y abre una nueva disputa entre la promesa de mayor producción eléctrica y los costos ambientales de permitir que las centrales continúen liberando gases que aceleran el calentamiento global.