Costa Rica ha puesto en marcha el primer fondo en Latinoamérica destinado a financiar la conservación a largo plazo de las metas 30x30. El Fondo Azul por Siempre, dotado inicialmente de 3,5 millones de dólares, pretende cumplir y mantener la protección del 30% de la extensión terrestre y marina del país centroamericano en 2030.

Las metas 30x30 están impulsadas por la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas, un grupo intergubernamental copresidido por Costa Rica y Francia que cuenta con la participación de una cincuentena de países, entre ellos, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú.

"Nuestro país posee el 6% de la biodiversidad mundial”, dijo a DW Haydée Rodríguez, viceministra de Aguas y Mares de Costa Rica. "Asimismo, reconocemos el papel que representa la vida marina en la regulación de la temperatura del océano. Esto último adquiere especial relevancia, partiendo del hecho de que nuestro país tiene un 8% de territorio continental y un impresionante 92% de territorio marino” agregó, asegurando que "es crucial mantener la integridad de los ecosistemas de manglares, arrecifes de coral y los fondos marinos para las poblaciones de peces”.

No obstante, actualmente el país está por debajo de las metas que se había planteado. "Cuando se definieron las Metas Aichi para la Biodiversidad, la meta en conservación marina era alcanzar un 10% de la zona económica exclusiva de cada país como zona protegida, pero permitiendo a cada país ajustar las metas a su propia realidad. Costa Rica la ajustó, según su realidad, al 4%. Estas metas rigieron del 2010 al 2020, y Costa Rica no alcanza aún el 4%”, reconoció en entrevista con DW Mónica Gamboa, Gerente de Conservación Marina de la Asociación Costa Rica por Siempre.

Esta organización sin fines de lucro, que cuenta con más de diez años de experiencia en iniciativas ambientales, gestionará dicho fondo. "Hemos sido aliados clave en la creación de cuatro áreas marinas protegidas: Cabo Blanco, Bahía Santa Elena, Montes Submarinos y Barra del Colorado que han sumado más de 11.000 kilómetros cuadrados al mapa de áreas protegidas del país”, recalcó Gamboa.

Un país pequeño con una gran ambición

A pesar de que el país centroamericano tiene un largo camino a recorrer para conseguir su objetivo, "es totalmente factible” dijo a DW a Maximiliano Bello, asesor ejecutivo de Políticas Públicas del Océano de la organización Mission Blue. "Cuando Michelle Bachelet asumió el gobierno, en su último periodo, Chile tenía un 4% de protección del mar. Cuando salió del gobierno, Chile tenía el 43%”, recordó a el experto chileno.

En ese sentido Gamboa, consideró que "el país ha priorizado los temas de conservación marina en años recientes”. Bello coincide: "ha habido una discusión centrada en la isla del Coco que busca la ampliación para proteger a más largo plazo las especies que están hoy día en peligro, como los tiburones”. El experto chileno recordó la importancia del lugar por su conexión con las islas Galápagos y con Panamá, ya que, sin protección en la zona, se siguen pescando estas especies. "Por lo tanto, es clave que Costa Rica avance”, puntualizó.

Precisamente esta es una de las áreas que pretende proteger el Fondo, avanzó Rodríguez. "Inicialmente, se estaría incursionando en el fortalecimiento financiero de las acciones necesarias para la conservación y uso sostenible de las aguas cercanas al Parque Nacional Isla del Coco y en el Pacífico Sur. Ambos son sitios caracterizados por su abundante y endémica biodiversidad lo cual los convierte en lugares de alto valor ecológico”, dijo.

¿Un acicate para la región?

"La idea es que los países que apoyan esta iniciativa se sientan motivados a contribuir al crecimiento de este fondo o a replicarla en otras regiones como fue el caso del sistema de pagos por servicios ambientales”, apuntó la viceministra de Aguas y Mares de Costa Rica.

Según Gamboa "el éxito dependerá de la habilidad de los gobiernos y las organizaciones para movilizar fondos de otras latitudes hacia esta región”. Y dijo que, aunque América Latina tiene un gran capital natural respecto a otras regiones del mundo, "se necesita mucho compromiso político para atraer inversión en conservación para esta región”. Y es que se trata de que "no sean políticas de gobierno, si no que sean políticas de Estado, de largo plazo”, agregó Bello.

Igualmente, Gamboa reclamó apoyo de otros sectores "que deben jugar un rol importante en la consecución de las metas, como el sector privado”. Un hecho con podría llevarse a cabo en breve en Chile, pues, tal y como indicó Bello, "hay una discusión en torno a dos proyectos de Ley: uno que crea el servicio nacional de Parques, con el que todas las áreas marinas protegidas y terrestres quedarían una sola institución. Y un proyecto de ley sobre las donaciones -que es clave para generar dinero por parte de donantes privados- para la implementación de áreas protegidas”.

Y es que la iniciativa llega en un momento en que una crisis sanitaria y económica golpea la región. "El contexto latinoamericano no ha sido el más favorable para que los gobiernos puedan destinar fondos para la conservación. Si la conservación marina ya de por sí es cara, por tratarse de grandes áreas que requieren control y protección, así como tecnología y personal, está claro que para los países latinoamericanos no existe una ventaja para invertir en temas de conservación”, concluyó Gamboa.