España prohibirá las redes sociales a menores de 16 años: la medida forma parte de un paquete de decisiones para regular el entorno digital y genera apoyo y dudas sobre su efectividad.

Aunque el objetivo es proteger la salud mental y frenar la desinformación y los discursos de odio, especialistas advierten que la eficacia de la iniciativa dependerá de cómo se implemente y de si se acompaña de cambios estructurales en las plataformas.

La decisión del Gobierno español para regular las redes sociales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la medida durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. Allí sostuvo que las redes sociales se han transformado en un espacio sin control efectivo, donde la desinformación, el discurso de odio y el uso abusivo de datos personales avanzan más rápido que las regulaciones.

Según explicó, el objetivo es “convertir las redes sociales en un espacio saludable y democrático”, especialmente para niños y adolescentes.

Prohibición de redes sociales a menores de 16 años: qué implica

La prohibición establece que los menores de 16 años no podrán acceder a plataformas como Instagram, TikTok, X o Facebook. Para ello, las empresas tecnológicas deberán implementar sistemas de verificación de edad más estrictos que los actuales, basados mayormente en la autodeclaración.

El Gobierno español aún no detalló cómo se garantizará el cumplimiento de esta verificación sin vulnerar derechos fundamentales como la privacidad.

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Las cinco medidas que impulsa España para un entorno digital más seguro

Además de la prohibición a menores, el Ejecutivo anunció otras cuatro acciones clave: responsabilidad penal para directivos de plataformas digitales.

España avanzará en una reforma legal que hará responsables a los altos ejecutivos de las plataformas si no eliminan contenidos ilegales o mensajes de odio. Esto podría implicar consecuencias penales directas para los CEO.

La manipulación algorítmica y la amplificación deliberada de contenidos falsos o ilegales serán tipificadas como delitos. El objetivo es frenar prácticas opacas que distorsionan el debate público y favorecen la desinformación.